Melella enfrenta ataques por defender la industria fueguina ante el avance liberal sobre el régimen de promoción Industrial.

El anuncio del Gobierno de Javier Milei sobre la baja de aranceles para la importación de celulares, televisores y otros productos electrónicos encendió las alarmas en Tierra del Fuego. La medida que apunta directamente al corazón del régimen industrial que sostiene la economía provincial fue duramente cuestionada por el gobernador Gustavo Melella, quien no dudó en vincularla con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Nos genera profunda preocupación el anuncio del Gobierno nacional”, expresó Melella, advirtiendo que esta decisión representa “un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego”, que emplea a miles de trabajadores y genera actividad en toda la cadena económica fueguina.

Sin embargo, en lugar de abrir un debate serio sobre el impacto social y económico de esta política, desde el entorno libertario la respuesta fue la descalificación. El vocero presidencial, Manuel Adorni, y los diputados nacionales José Luis Espert y Ricardo Garramuño, atacaron al mandatario provincial con mensajes que rozan lo personal y el desprecio hacia la realidad productiva en la provincia.

Adorni acusó mediante sus redes sociales (X) al gobernador de estar “nervioso” por la supuesta pérdida de “privilegios kirchneristas”, mientras que Espert descalificó directamente el trabajo fueguino: “Los celulares que hacés ahí tienen valor agregado 0. Son solo impuestos”, escribió, en (X) en una crítica que desconoce no solo el entramado industrial real, sino también el rol estratégico del régimen fueguino en términos de soberanía y desarrollo federal.

El diputado Garramuño, oriundo de esta propia provincia, fue más allá y lanzó ataques personales contra Melella, acusándolo de “no hacer nada” por diversificar la matriz productiva. Su crítica, sin embargo, omite que el mismo Gobierno nacional al que representa ha congelado programas de desarrollo regional, retirado subsidios logísticos y ha postergado obras clave para el crecimiento económico del sur argentino.

La defensa del modelo fueguino no es solo una bandera partidaria, sino una causa que trasciende colores políticos: se trata de proteger más de 8.500 puestos de trabajo directos e indirectos, defender una industria que ha permitido el arraigo poblacional en el extremo sur del país, y preservar un régimen que nació con una visión estratégica para integrar el territorio nacional.

Mientras desde el Gobierno nacional se promueve el libre mercado como dogma, sin considerar sus efectos devastadores en economías regionales, Melella y otros dirigentes del arco político fueguino insisten en que sin una política industrial activa, el país se seguirá concentrando en Buenos Aires, profundizando desigualdades históricas.

La ofensiva mediática y política contra Tierra del Fuego no es nueva, pero sí se ha intensificado en los últimos meses. En ese contexto, la defensa del régimen de promoción económica dejó de ser una discusión técnica para convertirse en un punto de resistencia frente al modelo de ajuste que busca reducir el Estado a su mínima expresión, sin medir consecuencias sociales.

La redacción: Correo Diario