Milei desea no penalizar el asesinato de mujeres, adolescentes y niñas por su condición de mujer
El Gobierno quiere eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino, parece que su promesa de "el que las hace, las paga" quedaría en la nada. Cabe recordar que en 2024 se registraron 267 crímenes de este tipo, es decir, un asesinato cada 33 horas.
Las alertas están encendidas tras las bochornosas afirmaciones contra las mujeres del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos y el respaldo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que hoy confirmó la intención del Gobierno de eliminar del Código Penal la figura del femicidio, bajo la excusa de “la igualdad ante la ley”. De llevarse a cabo un retroceso así, la Argentina se convertirá, bajo la gestión de La Libertad Avanza (LLA), en uno de los tres países de América Latina y el Caribe que no penalicen el asesinato de mujeres, adolescentes y niñas por su condición de mujeres.
La agenda de Javier Milei, después de su violento discurso en Davos
Lo que trascendió, por el momento, es que el oficialismo presentará un proyecto en el período de sesiones ordinarias del Congreso para eliminar la figura de femicidio y los cupos de géneros y discapacidad. La llamada “Ley de igualdad ante la ley” no contemplaría modificaciones sobre el aborto y el matrimonio igualitario.
Qué países de Latinoamérica poseen leyes contra el femicidio
De acuerdo con un informe de ONU Mujeres, “todos los países de América Latina, excepto Cuba y Haití, han aprobado leyes que penalizan el femicidio/feminicidio“. En Argentina, la figura del femicidio, como agravante del homicidio, fue incluida en el Código Penal en 2012 a través de la Ley N° 26.791, y la pena prevista para ese delito es prisión perpetua.
“Todos los países de América Latina, excepto Cuba y Haití, han aprobado leyes que penalizan el femicidio/feminicidio: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela”, establece el documento que elaboró ONU Mujeres.
El informe, que trata sobre la legislación del femicidio/feminicidio en América Latina y el Caribe, explica que 13 de esos 18 países tienen, además de “una ley que penaliza los femicidios, una ley integral contra la violencia“.
En este sentido, consignó que los países que tiene leyes penales contra el femicidio, pero que carecen de leyes integrales, solo abordan “un aspecto de la respuesta a esta violencia”. Es decir, “carecen de disposiciones para la prevención, protección, investigación y reparación de las víctimas”.
En las conclusiones del análisis, se establece que la diferencia en el tratamiento de esta problemática en la región está relacionada con la complejidad de la cuestión.
“Los tipos penales adoptados en la región intentan integrar en la legislación el concepto de femicidio/feminicidio construido desde la antropología y la sociología, enfrentándose a la dificultad de concretar en conductas típicas un fenómeno complejo, que tiene múltiples manifestaciones, y cuyos elementos distintivos son el móvil misógino y el contexto de discriminación y subordinación de las mujeres que impera en la sociedad”, remarcan.
Ante esta situación, y a contramano de lo que propone la gestión de LLA, ONU Mujeres recomienda que más países aprueben leyes integrales contra la violencia basada en cuestiones de género, transversalizar la perspectiva de género en los Códigos Penales y sancionar leyes para la prevención e investigación de este tipo de crímenes de odio. Además, sugiere políticas de reparación con un enfoque de derechos humanos para las niñas y mujeres víctimas.
El Patriarcado Avanza: los ataques del Gobierno a las mujeres y al colectivo LGBTIQ+
Que los funcionarios del gobierno ultraderechista hayan elegido como rivales a las mujeres y niñas no es una sorpresa: las amenazas, la persecución y los ataques son moneda corriente desde el primer minuto de gestión.
Sobran ejemplos del ensañamiento contra las políticas clave para la erradicación de las violencias machistas: eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MGMyD) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi); desfinanció la línea 144; fue el único en votar de forma negativa en la asamblea de Naciones Unidas para prevenir formas de violencia; y terminará en marzo con la Ley 27.705 de moratoria previsional, entre otros casos.
