Milei echó a 60 funcionarios por sospechas de filtraciones en el juicio por YPF

Como resultado de una investigación interna iniciada meses atrás, el Gobierno de Javier Milei decidió despedir a más de 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo encargado de representar legalmente al Estado argentino en litigios de altísimo perfil, como el caso por la expropiación de YPF que se tramita en la justicia de Nueva York.

Según pudo saber Noticias Argentinas, la alarma se encendió cuando abogados del propio Estado comenzaron a advertir que ciertos movimientos estratégicos del equipo legal argentino parecían ser anticipados por los bufetes que litigan contra el país. Las sospechas de filtraciones internas no tardaron en circular por los pasillos de la Casa Rosada.

Aunque oficialmente los despidos fueron enmarcados dentro de una “reestructuración orientada a mejorar la eficiencia del organismo”, la preocupación es profunda. La jueza neoyorquina Loretta Preska, conocida por sus fallos controversiales, ya condenó a la Argentina a pagar USD 16.100 millones a los fondos demandantes, un monto inédito en la historia judicial argentina.

Actualmente, el equipo jurídico argentino intenta frenar la ejecución de la sentencia, que ordena la entrega del 51% de las acciones de YPF, hoy en manos del Estado, a los demandantes encabezados por el fondo Burford Capital. En ese marco, se logró un alivio temporal: la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York suspendió provisoriamente la orden de Preska, lo que permite a la Argentina seguir apelando mientras mantiene la tenencia accionaria.

El escándalo interno generó tensión en el entorno presidencial. Fuentes oficiales reconocieron el malestar del propio Milei por la estrategia judicial desplegada desde la Procuración del Tesoro, dependiente del Ministerio de Justicia. La conducción del organismo, a cargo de Santiago Castro Videla, se mantiene por ahora firme, respaldada por Santiago Caputo, una de las figuras clave en el núcleo duro del Gobierno.

Sin embargo, el nombramiento de Castro Videla generó ruido desde el comienzo: es socio del constitucionalista Alberto Bianchi, quien participó como experto del fondo Burford en el litigio contra Argentina. El estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla incluso habría colaborado con bufetes estadounidenses que impulsaron la causa en Nueva York, según reveló el diario Clarín.

La reforma dentro de la Procuración avanza a paso firme: se reducirá el número de Direcciones Nacionales de seis a cuatro, se cerrará la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado —cuyas funciones serán absorbidas por un nuevo centro con menos de un tercio del personal original— y continuarán las desvinculaciones, en línea con la política de ajuste y ahorro impulsada por el Ejecutivo.

En paralelo, el Gobierno celebra el reciente respaldo de la administración de Donald Trump, que se presentó como amicus curiae en el juicio. Esta figura legal permite a terceros con interés legítimo ofrecer argumentos ante el tribunal, y podría ser una jugada diplomática clave para frenar la embestida judicial contra el país.

Mientras tanto, el futuro de YPF, uno de los activos estratégicos más relevantes de la Argentina, sigue en vilo.