OSEF Intima Organismos Estatales por más de $10.238 millones de deuda, en medio de una investigación judicial
Tras una denuncia penal contra sus autoridades, la obra social fueguina inició una ofensiva administrativa para reclamar aportes impagos desde 2023. El Gobierno provincial encabezado por Gustavo Melella figura como uno de los deudores.
En un escenario atravesado por una denuncia penal que pesa sobre sus autoridades, la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) lanzó una serie de intimaciones contra organismos provinciales y municipales por deudas millonarias en concepto de aportes y contribuciones.
Lo más llamativo del cuadro es que el propio Estado —su sostén institucional— aparece como el principal deudor de la Obra social Fueguina.
La documentación oficial, fechada en 2026, confirma que la obra social inició una ofensiva administrativa y legal para reclamar obligaciones impagas acumuladas entre 2023 y 2025. En total, los montos exigidos ascienden a $10.238.751.459,51.
El Diario Provincia 23 refleja que según los expedientes, las intimaciones otorgan un plazo perentorio de 72 horas para regularizar la situación, bajo apercibimiento de avanzar con acciones judiciales en el marco de la Ley Provincial N° 1071.
Los montos reclamados
El detalle de las deudas evidencia la magnitud del conflicto financiero:
- Gobierno Provincial: $5.990.106.691,31 (diciembre 2025)
- Municipalidad de Río Grande: $3.084.586.047,94 (junio a diciembre 2025)
- Municipalidad de Tolhuin: $202.270.366,12 (marzo a diciembre 2025)
- Dirección Provincial de Vialidad: $651.039.876,72 (marzo 2023 a diciembre 2025)
- Caja de Previsión – Sector Pasivos: $95.926.910,76 (noviembre y diciembre 2025)
- Caja de Previsión – Sector Activos: $9.093.877,67 (diciembre 2025)
- Concejo Deliberante de Tolhuin: $205.727.688,99 (marzo a diciembre 2025)
El dato político no pasa inadvertido: el Ejecutivo provincial concentra casi el 60% del total reclamado.
Un reclamo tardío bajo la lupa
De acuerdo con lo publicado por el diario Provincia 23, en su edición de este 25 de febrero, durante años estas deudas no habrían sido reclamadas de manera efectiva, pese a su impacto directo en la sostenibilidad financiera de la obra social.
Ahora, bajo fuerte escrutinio público y con una investigación judicial en curso, la conducción de OSEF activó una batería de intimaciones que, para algunos sectores, busca exhibir una supuesta normalización administrativa y deslindar responsabilidades.
La pregunta que sobrevuela el escenario político es inevitable: ¿por qué deudas que se arrastran desde 2023 recién son exigidas con carácter urgente en 2026?
Mientras tanto, la salud financiera de la obra social y la cobertura de miles de afiliados queda en el centro de una disputa donde el Estado se reclama a sí mismo millones impagos, en medio de una crisis que trasciende lo contable y se instala de lleno en el terreno político y judicial.
