Polémica por las salmoneras: Renuncio la Legisladora Laura Colazo, legisladores emitieron dictamen favorable entre gallos y medianoche

En un episodio que vuelve a tensionar la política ambiental de Tierra del Fuego, la Legislatura provincial emitió un dictamen favorable para modificar la Ley Provincial N.º 1355, que desde 2021 prohíbe la salmonicultura intensiva en aguas fueguinas. La medida se concretó este viernes durante una reunión de las comisiones N.º 1 y N.º 3 en la ciudad de Río Grande, en medio de fuertes cuestionamientos por la forma en que fue tomada la decisión.

Según denunció la legisladora del Partido Verde, María Laura Colazo, presidenta de la Comisión 3, el dictamen fue emitido sin su consentimiento y tras una maniobra política para reanudar el debate durante un cuarto intermedio previamente acordado.

“Durante la reunión se declaró un cuarto intermedio. Sin embargo, una vez que me retiré de la Legislatura, en mi ausencia y sin mi consentimiento, dicho cuarto intermedio fue levantado y se emitió dictamen favorable para modificar la Ley 1355”, expresó Colazo en su carta de renuncia indeclinable a la presidencia de la comisión.

De acuerdo a datos recabados por este portal de noticias, los legisladores Agustín Coto (La Libertad Avanza) y Federico Gravé (oficialismo) son apuntados como los principales responsables de la maniobra, ya que son los más interesados que este proyecto prospere, atento que es de interés de la gestión Gustavo Melella que así sea.

La legisladora Laura Colazo denunció una grave vulneración de los principios democráticos e institucionales, y advirtió sobre el retroceso que esta decisión representa para la política ambiental de la provincia. “Este accionar representa un grave retroceso en la protección de nuestros ecosistemas. Se vulnera la transparencia, el funcionamiento institucional y la integridad de los procesos democráticos”, afirmó la parlamentaria en su carta de renuncia.

La decisión legislativa no solo reaviva el debate sobre la instalación de salmoneras, una práctica fuertemente rechazada por organizaciones ambientales y pueblos originarios, sino que también pone en evidencia las fracturas internas del Poder Legislativo fueguino.

A pesar del amplio rechazo social que generó esta actividad en el pasado, los parlamentario hicieron oído sordos a lo expresado por ambientalistas e integrantes de la comunidad aborigen de Tierra del Fuego. El dictamen fue respaldado por el bloque de La Libertad Avanza y sectores del oficialismo, habilitando una nueva etapa de discusión para modificar la normativa que protege al ecosistema marino de Tierra del Fuego.

En su carta, Colazo reafirmó su compromiso con la defensa del ambiente y los bienes comunes, y llamó la atención sobre los riesgos que implica ceder a intereses económicos por encima de la voluntad ciudadana y la sustentabilidad del territorio.

Sin lugar a dudas, será en el recinto de sesiones donde quedará al descubierto quiénes son los legisladores cómplices de esta maniobra, al levantar la mano para aprobar un proyecto que ya cuenta con un amplio rechazo por parte de sectores sociales, ambientalistas y comunidades originarias de Tierra del Fuego. La votación final pondrá en evidencia qué intereses priman dentro del Parlamento fueguino; si los del ambiente y la ciudadanía, o los de un modelo extractivo que amenaza el ecosistemas fueguino.