Punto de Vista: Melella avanza con la reforma constitucional en medio del rechazo social y la crisis provincial

Luego de que el juez Ernesto Löffler fuera apartado por sus pares del Superior Tribunal de Justicia en la toma de decisiones vinculadas al proceso de reforma constitucional, el gobernador Gustavo Melella encontró el aval judicial que buscaba para avanzar con su proyecto. La acelerada resolución que habilita el llamado a elecciones de convencionales constituyentes, dejó serias dudas sobre la independencia de la Justicia, según expresan distintos sectores políticos y sociales.

Lejos de atender la creciente agenda de urgencias sociales que atraviesa Tierra del Fuego, el mandatario optó por priorizar una reforma constitucional rechazada por más del 80% de la población, de acuerdo con sondeos recientes. En paralelo, la provincia enfrenta una parálisis educativa por paros docentes, una crisis sanitaria sin respuestas a los reclamos del personal médico, faltantes de insumos en hospitales, una obra social estatal colapsada y una planta política sobredimensionada sin señales de ajuste.

Sin embargo, Melella celebró públicamente el fallo del STJ como un “paso clave” para avanzar hacia lo que definió como “una oportunidad histórica” para repensar la provincia a largo plazo. “Hoy estamos seguros de que los pasos que hemos venido dando están encuadrados dentro de la ley”, afirmó, sin hacer mención al rechazo social ni al elevado costo económico que implicará el proceso en plena crisis.

La propuesta del Ejecutivo de abrir un “debate serio, honesto y comprometido” choca con la realidad inmediata de los fueguinos, donde la suba de precios, el desempleo y la pérdida del poder adquisitivo marcan la agenda cotidiana. Diversos sectores cuestionan no solo la oportunidad de la reforma, sino también la legitimidad de avanzar sin un amplio consenso social y político.

Melella minimizó los cuestionamientos al señalar que “esa etapa está superada”, dando por cerrada cualquier discusión sobre el trasfondo del proyecto. “No se trata de estar de acuerdo con este gobernador”, dijo, aunque la falta de diálogo con la oposición y con la ciudadanía parece contradecir el espíritu democrático que dice defender.

Hasta el momento, el Gobierno no informó el costo total del proceso ni los recursos que se destinarán para la organización de las elecciones. Se estima que se tratará de una cifra millonaria, mientras miles de fueguinos esperan soluciones concretas a problemas estructurales que siguen postergados.

La decisión del Ejecutivo de seguir adelante, sin margen para reconsideraciones ni autocrítica, expone una desconexión alarmante entre las prioridades del Gobierno y las necesidades reales de la sociedad. En lugar de encarar con urgencia los conflictos sociales que atraviesan la educación, la salud y el empleo, la administración Melella apuesta a una reforma institucional que, por el momento, solo parece responder a intereses políticos y no al bienestar colectivo.

Redacción: Correo Diario