Reforma laboral: el Gobierno busca la media sanción en el Senado tras negociar cambios clave
El oficialismo logró un acuerdo con gobernadores, bloques aliados y la CGT para avanzar con la ley de modernización laboral. Se eliminaron beneficios impositivos a empresas y se mantuvo el aporte sindical con tope. El peronismo denuncia “precarización” y anticipa rechazo.
El Senado debate desde las 11 el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, en una sesión atravesada por negociaciones de último momento, concesiones estratégicas y fuertes cruces políticos. Con modificaciones consensuadas con la UCR, el PRO, partidos provinciales y la CGT, La Libertad Avanza confía en alcanzar la media sanción de una iniciativa que considera central para su programa económico.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, calificó el entendimiento como un “acuerdo histórico” y definió el proyecto como “la primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”. La dirigente admitió que las modificaciones fueron necesarias para asegurar los votos: “El tango se baila de a dos”, sostuvo, en alusión a la construcción parlamentaria que permitió llegar al recinto con respaldo suficiente.
Las concesiones que destrabaron el debate
El oficialismo aceptó eliminar el artículo que contemplaba una rebaja del Impuesto a las Ganancias para grandes y medianas empresas, un punto que generaba fuerte resistencia en las provincias por su impacto fiscal —estimado en más de 2 billones de pesos—.
También cedió ante la CGT en uno de los puntos más sensibles: se mantendrá el aporte solidario a los sindicatos sin establecer un plazo de vigencia, aunque con un tope del 2%. Inicialmente se había previsto limitarlo a dos años. Desde el bloque libertario explicaron que la decisión busca dar previsibilidad a los gremios para el sostenimiento de sus estructuras, como centros de capacitación y obras sociales.
En paralelo, se conservará el aporte obligatorio a cámaras empresarias —con tope del 0,5%— y no se reducirán las contribuciones a las obras sociales, que seguirán en el 6%. Además, se aceptó el pedido del sector bancario de mantener la exclusividad para el pago de salarios, descartando la habilitación de billeteras virtuales que figuraba en el texto original.
Con estos cambios, el dictamen acumula 28 modificaciones consensuadas tras meses de negociación.
Apoyos: “Más inversión y mejores jubilaciones”
Desde los bloques dialoguistas defendieron el proyecto como una herramienta para dinamizar el empleo formal. La senadora radical Carolina Losada sostuvo que la reforma permitirá “más inversión, más empresas y mejores jubilaciones”, al ampliar la base de trabajadores registrados y, por lo tanto, la masa de aportes previsionales.
En la misma línea, el senador oficialista Joaquín Benegas Lynch afirmó que el Estado “está para enmarcar reglas transparentes y no poner palos en la rueda a los que producen”. Según su visión, la norma apunta a reducir la litigiosidad laboral y a incentivar la contratación en blanco en un contexto donde, afirmó, “el 50% de los trabajadores está en negro”.
Rechazo opositor: “Precarización y regresión”
El interbloque peronista anticipó su voto negativo. José Mayans advirtió que el proyecto “viola el artículo 14 bis” de la Constitución Nacional y va “en contra de los trabajadores”. Mariano Recalde sostuvo que la iniciativa “no está pensada para generar trabajo” y la calificó como un retroceso en materia de derechos laborales.
Desde Mendoza, Anabel Fernández Sagasti cuestionó el impacto de la reforma en el consumo y en las pymes, citando al gobernador radical Alfredo Cornejo, quien habría pedido mejoras salariales para reactivar la economía provincial. “Nos quieren hacer creer que una reforma laboral va a crear trabajo mientras cierran 30 pymes por día”, afirmó.
Por su parte, Alicia Kirchner consideró que se trata de “una reforma de laboratorio”, elaborada con apuro y sin consenso real. “No es modernización, es precarización”, expresó.
Un debate con impacto político
Más allá del resultado legislativo, la discusión expone el delicado equilibrio político que el Gobierno necesita sostener para avanzar con su agenda. La reforma laboral es vista por la Casa Rosada como un pilar para atraer inversiones y reducir la informalidad, mientras que la oposición la interpreta como una flexibilización que debilita derechos adquiridos.
Si consigue la media sanción, el proyecto dará un paso decisivo en el Congreso y marcará uno de los avances legislativos más significativos del oficialismo desde el inicio de la gestión. El resultado de la votación no solo definirá el futuro de la norma, sino también la capacidad del Gobierno para articular mayorías en un Senado fragmentado y con intereses provinciales en juego.