Revelan que el 4,4% de los créditos hipotecarios del Banco Nación fueron otorgados a Personas Expuestas Políticamente

Más de mil Personas Expuestas Políticamente (PEP) accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación entre enero de 2024 y marzo de 2026, según datos oficiales obtenidos mediante un pedido de acceso a la información pública. La cifra cobra relevancia en medio de la polémica generada por la difusión de préstamos otorgados a funcionarios de alto rango del Gobierno nacional.

De acuerdo con la información relevada, durante el período analizado el Banco Nación aprobó un total de 25.391 créditos hipotecarios. De ese universo, 1.120 fueron otorgados a Personas Expuestas Políticamente, lo que representa aproximadamente el 4,4% del total de las operaciones realizadas. En términos prácticos, equivale a cerca de un crédito cada 23 adjudicados por la entidad financiera.

Los datos permiten dimensionar por primera vez el alcance de una operatoria que quedó bajo la lupa pública tras conocerse que funcionarios nacionales accedieron a préstamos hipotecarios por montos millonarios. La información fue difundida por el diario Ámbito, que accedió a los registros a través de mecanismos de transparencia y acceso a la información pública.

La categoría de Persona Expuesta Políticamente está regulada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y comprende a funcionarios y autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a otras personas que, por sus funciones, están sujetas a controles especiales para prevenir maniobras de lavado de activos y otros delitos financieros.

No obstante, especialistas señalan que la clasificación PEP no incluye a la totalidad de los funcionarios y empleados estatales, por lo que la cantidad de beneficiarios vinculados directa o indirectamente a la administración pública podría ser superior a la registrada oficialmente.

La controversia se profundizó luego de que trascendieran los casos de varios funcionarios que obtuvieron créditos hipotecarios del Banco Nación. Entre ellos se encuentran Pedro Inchauspe, director del Banco Central; Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía; Federico Furiase, secretario de Finanzas; y Leandro Massaccesi, exfuncionario del Ministerio de Capital Humano.

En paralelo, la discusión se intensificó tras una modificación introducida por el Banco Nación en septiembre de 2024. En esa oportunidad, la entidad incorporó expresamente a los cargos políticos designados o electivos dentro de los potenciales beneficiarios de la línea hipotecaria “+ Hogares”, una decisión que derivó en una denuncia penal presentada por la diputada nacional Mónica Frade.

La causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti, donde se investigan las circunstancias y alcances de la medida adoptada por la entidad bancaria.

Frente a las críticas y cuestionamientos, el Gobierno nacional buscó minimizar el impacto de la polémica. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que menos del 0,2% de los créditos hipotecarios otorgados correspondían a personas vinculadas al Gobierno, una afirmación que abrió un debate sobre los criterios utilizados para determinar quiénes integran ese universo y cómo se contabilizan los beneficiarios.

Mientras avanza la discusión pública y judicial, los datos oficiales revelan que más de un millar de Personas Expuestas Políticamente accedieron a financiamiento hipotecario del Banco Nación en poco más de dos años, una cifra que continúa generando interrogantes sobre el alcance y los criterios de asignación de estas líneas de crédito.

C5N