Se derrumba la era Milei: criptoestafa, valijas y represión

El laberinto judicial en el que ingresó el Gobierno comenzó a crecer. Y este crecimiento trae aparejado nuevas dificultades, novedosos callejones sin salida y, en rigor, mayor dificultad para encontrar un escape.

La mancha venenosa de la supuesta criptoestafa del caso $LIBRA se expandió hasta la secretaría General de la Presidencia. Casi en simultáneo, se le abrieron nuevos caminos por recorrer en la Justicia: uno vinculado al escándalo de las valijas, narrado por el periodista Carlos Pagni, y el otro a la brutal represión de las fuerzas de seguridad contra la manifestación en la que se unieron jubilados e hinchas de fútbol. Son caminos que se sabe dónde empieza, pero nunca dónde termina.

Criptoestafa

La causa en la que se investiga si el lanzamiento de la memecoin $LIBRA fue una estafa y si el presidente Javier Milei, que la difundió a través de un posteo en su cuenta de X el 14 de febrero, estuvo involucrado, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de sensibles proporciones para el gobierno. El fiscal federal Eduardo Taiano, que tiene delegada esa investigación, consideró que las acusaciones contra Karina Milei por posible tráfico de influencias deben tramitarse junto con el expediente de la presunta criptoestafa.

La opinión de Taiano fue validada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que, sin mayores rodeos, se declaró incompetente para intervenir en esa causa y la remitió, por conexidad, al juzgado federal a cargo de María Romilda Servini. Para ello hizo propia la opinión del fiscal que había señalado que los “hechos denunciados en el marco de este caso CFP 772/2025 (el posible tráfico de influencias) guardan estrecha vinculación con los sucesos investigados en la mencionada causa CFP 574/2025 del registro del Juzgado Criminal y Correccional Federal nro. 1, motivo por el cual considera que la solución procesal adecuada sería que ambas tramiten conjuntamente, a través de su acumulación”.

En la resolución, a la que accedió C5N.com de manera exclusiva, se señaló que “el objeto de ambos casos se relaciona con todas aquellas cuestiones y circunstancias vinculadas con la creación, lanzamiento y promoción de una criptomoneda denominada $LIBRA”.

En el caso $LIBRA se busca establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de esa criptomoneda. Ya en los primeros días, la fiscalía le imprimió una pregunta al expediente: ¿qué participación tuvieron el presidente Javier Milei, Hayden Mark Davis (creador del token Libra), Julian Peh (emprendedor tecnológico vinculado al caso), y Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales (señalados como intermediarios entre Milei y los empresarios cripto) en los hechos investigados? A esta pregunta, ahora, deberá añadirse otra: ¿Estuvo involucrada Karina Milei?

Valijas

En la última semana, además, el periodista Carlos Pagni denunció en su programa “Odisea Argentina”, que se emite por el canal LN+, que una mujer vinculada a La Libertad Avanza ingresó a la Argentina en un vuelo privado proveniente de Miami con varias valijas que no habrían sido sometidas al control aduanero por “una orden de arriba”.

Se trata de Laura Belén Arrieta, una joven de 27 años que forma parte de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el foro conservador más antiguo de los Estados Unidos, en cuyos eventos ha participado en varias ocasiones el presidente Milei.

El Gobierno nacional salió a desmentir la supuesta “orden de arriba”, pero confirmó el ingreso al país de la mujer señalada e incluso aportó los datos particulares del vuelo privado en el que aterrizó en el aeroparque porteño. La Coalición Cívica, disconforme con las explicaciones, presentó un pedido de acceso a la información pública.

Y en las últimas horas, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una suerte de fiscalía anticorrupción, abrió un expediente para investigar el ingreso al país, el 26 de febrero de este año, de Arrieta. Un camino judicial que se sabe dónde empieza, pero no dónde termina.

Represión

La represión a la manifestación de los jubilados y los hinchas de fútbol en el Congreso, el último miércoles, también le augura problemas judiciales al gobierno nacional. Un operativo orquestado con antelación, cuyos actores, bajo las órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se adelantaron a la marcha al desplegar su coreografía alrededor del Congreso mucho antes de la hora señalada para la manifestación.

“El miércoles 12 de marzo, desde las 15.15 hs, más de 1.000 agentes de todas las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Nacional, Policía Aeroportuaria y Servicio Penitenciario federal) más la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, iniciaron la represión que se extendió por varias calles y avenidas. Todo esto antes de las 16 hs. que era el horario de inicio de la convocatoria, con la clara intención de impedir la concentración. Los hechos represivos se extendieron durante más de 6 horas, hasta pasadas las 22 hs”, relató la Comisión Provincial por la Memoria en un informe que llegará a la justicia.

Durante todas esas horas, hubo más de 100 detenidos en circunstancias que aún deberán esclarecerse. La jueza porteña Karina Andrade dispuso durante las primeras horas del jueves 13 de marzo la soltura de 114 detenidos. Es preciso prestar mucha atención a los motivos de esta decisión. “Comienzo por señalar que a medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial. Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después”, escribió la jueza. ¿Detenciones ilegales? Deberá investigarse.

Otros tantos hechos aún requieren explicación: la aparición de un móvil policial abierto que luego fue vandalizado sin que fuera detenido ninguno de los atacantes; la imagen de un policía pateando una pistola que dejó tirada en el césped de la plaza del Congreso como si un hallazgo semejante no mereciera ninguna atención; la agresión a Bratriz Blanco -la jubilada de 81 que cayó al piso y golpeó su cabeza producto por la violenta reacción de un uniformado-; y, por supuesto, el disparo de postas de gas lacrimógeno en línea recta, como el que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo, que hoy lucha por su vida.

Por cierto, es de esperar que alguien exija explicaciones a la ministra también por el hecho de haber dicho en televisión que Grillo era un militante político de Lanús y que estaba detenido. Más allá de la imprecisión en esa caracterización, sorprendió a muchos que tan rápido, a pocos minutos de la agresión, la ministra ya tuviera información sobre su supuesta militancia y el lugar donde la desarrolló. ¿Quién le facilitó esos datos?

La torpe reacción del Ministerio de Seguridad tras la desbordada represión fue presentar una denuncia por sedición contra los manifestantes. Esa denuncia incluyó entre los acusados a dos intendentes peronistas de La Matanza, Fernando Espinoza, y Lomas de Zamora, Federico Otermin. Se les achaca haber participado de la organización de la manifestación. El texto no aporta ningún elemento que permita validar esa información.

La denuncia le tocó al juez Sebastián Casanello, que la delegó en el fiscal Franco Picardi. El representante del ministerio público ya le pidió a Seguridad que aporte cualquier elemento que respalde las afirmaciones vertidas en la denuncia. El Tobierno, enredado, una vez más, en el laberinto judicial. Sin divisar la salida.