Senado: Presentan un proyecto para aliviar deudas de consumo y frenar el sobreendeudamiento familiar
La iniciativa de la senadora Beatriz Ávila propone un régimen especial de regularización para personas físicas con créditos impagos. Incluye quitas de intereses, planes de pago de hasta cinco años y suspensión de embargos y reportes negativos.
En medio de un escenario económico marcado por el aumento del endeudamiento familiar y la caída del poder adquisitivo, la senadora nacional Beatriz Ávila presentó un proyecto de ley que busca crear un régimen especial de regularización de deudas destinado a personas físicas afectadas por créditos de consumo en mora.
La propuesta apunta especialmente a hogares que destinan una parte significativa de sus ingresos al pago de préstamos, tarjetas de crédito y otras obligaciones financieras vinculadas al consumo cotidiano, una situación que —según advierte la iniciativa— dejó de ser excepcional para convertirse en una problemática social cada vez más extendida.
El proyecto establece que las entidades financieras reguladas por el Banco Central de la República Argentina deberán ofrecer condiciones especiales de refinanciación a quienes utilicen al menos el 30% de sus ingresos disponibles para afrontar deudas.
El régimen alcanzaría obligaciones derivadas de tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamientos relacionados con bienes y servicios esenciales, incluyendo también deudas por servicios públicos o privados de primera necesidad.
Quedarían excluidos los créditos hipotecarios, prendarios y aquellas obligaciones vinculadas a actividades empresariales o profesionales.
Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa contempla la condonación mínima del 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados, además de planes de pago de hasta 60 cuotas con una tasa equivalente a la tasa pasiva promedio fijada por el Banco Central.
La propuesta también prevé medidas de alivio inmediato para quienes ingresen al régimen. Durante la vigencia del acuerdo, las entidades financieras deberán suspender embargos, ejecuciones judiciales y reportes negativos en registros crediticios, buscando evitar que las familias queden completamente excluidas del sistema financiero formal.
Otro de los ejes centrales del proyecto está vinculado a la obligación de los bancos y proveedores de crédito de informar de manera clara, gratuita y accesible sobre la existencia de este mecanismo de regularización. Además, las entidades deberán brindar asistencia sin costo y comunicar cada acuerdo alcanzado al Banco Central.
En los fundamentos de la iniciativa, Ávila sostiene que el crédito de consumo, que históricamente funcionó como herramienta para organizar gastos cotidianos, terminó convirtiéndose en una carga difícil de sostener para miles de familias argentinas.
La senadora remarca especialmente el impacto de los intereses crecientes sobre jubilados, trabajadores y jóvenes con antecedentes financieros negativos, sectores que muchas veces quedan atrapados en un círculo de refinanciaciones, mora y exclusión bancaria.
El proyecto establece una vigencia de dos años para este régimen especial y prevé que el Poder Ejecutivo deba reglamentarlo en un plazo máximo de 30 días desde su eventual aprobación.
Según argumenta la iniciativa, el objetivo es alcanzar un equilibrio entre la protección de consumidores sobreendeudados y la estabilidad del sistema financiero, promoviendo al mismo tiempo la inclusión crediticia, la reducción de conflictos judiciales y una recuperación gradual de la capacidad de consumo de los hogares argentinos.
