PAÍS

Suspendieron el fallo que habilitaba a Cristina Kirchner a cobrar dos pensiones de privilegio

La Justicia concedió tres recursos de apelación sobre el fallo que favoreció a la vicepresidenta. Las pensiones corresponden a una propia por haber sido presidenta y otra como pensión derivada de su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner.

Vicepresidenta Cristina Fernández

La Justicia aceptó la intervención de los diputados de Juntos por el Cambio en la causa vinculada a la doble pensión honorífica a Cristina Kirchner y concedió los recursos de apelación planteados por los legisladores.

Los diputados Alfredo Cornejo y Alejandro Cacace realizaron una presentación judicial junto a otros diputados de Juntos por el Cambio, para intervenir como terceros y apelar la resolución judicial por la cual “se le otorgó indebidamente a la Vicepresidente de la Nación una doble asignación vitalicia”.

Cacace destacó que “mientras que el 80% de los jubilados cobra el haber mínimo, de $19.035, la Vicepresidenta obtuvo una resolución favorable para cobrar dos asignaciones mensuales vitalicias, por las cuales no pagará (el impuesto a las) ganancias, además del salario que cobra como Vicepresidenta”.

Las pensiones corresponden a una propia por haber sido presidenta y otra como pensión derivada de su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner.

Los diputados, acompañados por su colegas Luis Petri, Graciela Ocaña, Jimena Latorre y Dolores Martínez, presentaron un escrito para apelar la resolución del juez Ezequiel Pérez Nami y remarcaron que “de acuerdo al artículo 5° de la Ley 24.018 solo le corresponde uno” de los haberes.

“Cristina Kirchner va a cobrar 2 millones de pesos por mes, y 100 millones de retroactivo mientras los ingresos de la gran mayoría de los jubilados depende de una fórmula pensada y diseñada por el Gobierno para desfavorecerlos. La única jubilada favorecida por este gobierno es la Vicepresidenta”, advirtió Cornejo.

RIO GRANDE

Y agregó que “la Justicia resolvió del modo en que lo hizo, en gran parte porque la ANSES no defendió los intereses del Estado como debía hacerlo durante el proceso judicial”.

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