Tierra del Fuego se incorporó al programa nacional de asistencia a víctimas de trata de personas
La ministra Lucía Rossi firmó en Buenos Aires la adhesión al Programa Nacional de Restitución de Derechos, una iniciativa que busca fortalecer el acompañamiento integral y la inclusión social de las víctimas.
La provincia de Tierra del Fuego dio un nuevo paso en las políticas de prevención y asistencia frente al delito de trata de personas. La ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Lucía Rossi, participó en la Ciudad de Buenos Aires de la firma de las Actas de Adhesión al Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas, junto al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.
La incorporación permitirá que la provincia forme parte de un esquema federal de trabajo orientado a garantizar la restitución integral de derechos de las personas víctimas de trata, mediante acciones coordinadas entre el Estado nacional y las distintas jurisdicciones del país.
El programa contempla un circuito de asistencia integral que incluye acompañamiento psicosocial, fortalecimiento de equipos técnicos especializados y estrategias destinadas a promover la inclusión social y laboral de las víctimas. Además, prevé herramientas de asistencia económica directa para acompañar los procesos de autonomía y reinserción.
Entre las medidas más relevantes se encuentran subsidios temporales destinados a cubrir necesidades básicas y facilitar que las personas afectadas puedan reconstruir sus proyectos de vida con mayor respaldo estatal.
Tras la firma del acuerdo, la ministra Rossi destacó la importancia de sumar nuevas herramientas para fortalecer el abordaje provincial frente a este tipo de delitos.
“La adhesión a este programa fortalece el trabajo que venimos desarrollando en la provincia, consolidando herramientas concretas para el acompañamiento integral de las víctimas y la restitución de sus derechos”, sostuvo.
Asimismo, remarcó que la lucha contra la trata de personas requiere políticas públicas sostenidas y articuladas entre los distintos niveles del Estado.
“Tenemos un compromiso sostenido en la lucha contra la trata de personas, y entendemos que el abordaje debe ser articulado, con perspectiva de derechos y poniendo en el centro a las personas. Este tipo de políticas nos permite avanzar en respuestas más eficaces y con mayor presencia del Estado”, afirmó.
Finalmente, la funcionaria indicó que la incorporación al programa nacional permitirá fortalecer las capacidades provinciales, optimizar la coordinación interinstitucional y ampliar las oportunidades de inclusión social y laboral para las personas afectadas por este delito.
