Senado: El proyecto de Inocencia Fiscal impulsado por el Gobierno nacional convirtió en ley
La iniciativa, respaldada por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, busca incentivar la declaración de dólares no registrados y flexibilizar el régimen tributario. Fue aprobada con 43 votos a favor y 26 en contra.
El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, una de las principales apuestas del Gobierno nacional para fomentar el blanqueo de dólares adquiridos en el mercado informal, un objetivo central de la política económica impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, con el respaldo del presidente Javier Milei.
La norma fue aprobada con 43 votos afirmativos y 26 negativos. Además del bloque libertario, acompañaron la iniciativa el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y senadores —incluso peronistas— alineados con gobernadores provinciales o que actúan de manera independiente en la Cámara alta. El rechazo provino de la totalidad del bloque peronismo-kirchnerista, conducido por José Mayans.
La ley introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), a la Ley de Procedimientos Fiscales (11.683), al Código Civil y Comercial de la Nación, y crea además un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un “Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias”, por el cual —según el Gobierno— los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”. Este régimen establece un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder ingresar y elimina la obligación de informar variaciones patrimoniales, así como el control de consumos personales.
De este modo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solo cobrará el Impuesto a las Ganancias sobre los ingresos efectivamente facturados, independientemente del eventual crecimiento patrimonial, el cual no será fiscalizado. A esa base imponible se le deducirán los consumos declarados.
El artículo 39 del proyecto establece el “efecto liberatorio del pago” cuando se acepte la declaración jurada propuesta por ARCA y se cancele el monto en término, salvo que se detecte la omisión de ingresos.
En materia penal, la ley eleva de manera significativa los montos mínimos para considerar el delito de evasión. La evasión simple pasa de $1.500.000 a $100.000.000, mientras que la evasión agravada requerirá superar los $1.000 millones, cuando anteriormente el umbral era de 15 millones de pesos.
Asimismo, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. La normativa establece que ARCA no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela la deuda y los intereses correspondientes, beneficio que podrá utilizarse una sola vez por persona.
En caso de que la denuncia aún no haya sido presentada, la acción penal quedará extinguida si el contribuyente regulariza su situación pagando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.
Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, también contempla un incremento en las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones juradas fuera de término.
Con esta ley, el oficialismo avanza en su estrategia de ampliar la base de contribuyentes y formalizar capitales, en un contexto de fuerte reordenamiento del sistema tributario nacional.