Lectura del Domingo: Argentina, otra vez al borde del abismo, no podemos repetir la historia

Por Mario Daniele | Senador de la Nación (mandato cumplido)

Columna de Opinión: Hay señales que la Argentina no puede darse el lujo de ignorar. Cuando los indicadores económicos comienzan a deteriorarse aceleradamente, cuando el riesgo país se dispara y cuando los mercados vuelven a poner en duda la capacidad del país para cumplir sus compromisos, no alcanza con discursos optimistas ni con explicaciones coyunturales. Es necesario mirar la realidad de frente y advertir sobre las consecuencias que puede tener seguir transitando este camino.

El riesgo país superó esta semana los 900 puntos básicos. En julio rondaba los 400. En apenas cuatro meses se duplicó y volvió a acercarse a una zona de extrema preocupación para los mercados. No se trata de un número aislado ni de una discusión reservada a economistas y operadores financieros. Detrás de esos indicadores están la confianza, el crédito, la estabilidad y, fundamentalmente, los ahorros de los argentinos.

La memoria económica de nuestro país debería servirnos para entender estas señales. En julio de 2001, cinco meses antes del corralito, el riesgo país se movía entre los 1.062 y los 1.629 puntos. No estoy diciendo que la historia vaya a repetirse exactamente de la misma manera, pero sería una irresponsabilidad no reconocer las semejanzas y encender las alarmas.

Argentina ya atravesó demasiadas crisis. Conocimos el efecto tequila, sentimos el impacto de las turbulencias financieras internacionales y padecimos en carne propia el derrumbe de diciembre de 2001. El corralito no fue solamente una medida económica: fue una ruptura de la confianza entre los ciudadanos y el sistema financiero. Millones de argentinos vieron cómo sus ahorros quedaban atrapados y cómo el esfuerzo de toda una vida podía desaparecer detrás de decisiones tomadas desde el poder.

No podemos permitir que esa historia se repita.

Lo que ocurre hoy en Paraguay también merece atención. La intervención de Ueno Bank y las dificultades que, según la información difundida, afectaron a millones de depositantes muestran hasta qué punto una crisis bancaria puede trasladarse rápidamente a la vida cotidiana de las familias. Los jubilados, los trabajadores y los organismos públicos no pueden quedar expuestos a las consecuencias de un sistema financiero que pierde estabilidad.

Frente a este panorama, hay una responsabilidad política que no se puede esquivar. El ministro de Economía, Luis Caputo, no es un recién llegado a estas decisiones. Ya tuvo un papel central durante el gobierno de Mauricio Macri, en una etapa marcada por un fuerte endeudamiento externo, la emisión del bono a cien años y el posterior regreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional.

Hoy vuelve a ocupar un lugar decisivo en la conducción económica del país. Y las señales que aparecen generan una preocupación inevitable. El mismo funcionario, la misma confianza en el endeudamiento, la misma apuesta a los mercados y otra vez los argentinos enfrentando la incertidumbre sobre su futuro.

No se puede gobernar una economía ignorando las consecuencias sociales de las decisiones financieras. No se puede hablar de orden macroeconómico mientras crece la preocupación de quienes trabajan, producen, cobran una jubilación o intentan preservar los ahorros de su familia. Tampoco se puede pedir paciencia indefinidamente cuando los costos de cada decisión recaen sobre los mismos sectores.

Caputo ya estuvo al frente de una política económica que dejó consecuencias profundas. Por eso considero que la sociedad tiene derecho a exigir explicaciones y a reclamar que las responsabilidades políticas y, si correspondiera, judiciales sean determinadas.

Hay otro aspecto que no debe pasarse por alto: la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas no puede quedar condicionada por la posibilidad de abandonar el país cuando las circunstancias se vuelven adversas. Los antecedentes regionales recientes, incluido el episodio atribuido a Flávio Bolsonaro en Brasil, vuelven a poner sobre la mesa la importancia de que las decisiones judiciales sean oportunas y eficaces.

Por esa razón, considero necesario que las autoridades judiciales competentes evalúen, dentro del marco legal correspondiente, la adopción de medidas preventivas respecto del ministro Luis Caputo, entre ellas la retención de su pasaporte, si existieran fundamentos jurídicos para disponerla. No se trata de anticipar culpabilidades ni de reemplazar el trabajo de la Justicia. Se trata de garantizar que cualquier eventual investigación pueda desarrollarse y que quienes deban responder por sus decisiones estén a disposición de los tribunales argentinos.

A los ahorristas quiero transmitirles una preocupación concreta. Cada argentino tiene derecho a preguntarse qué grado de seguridad tienen sus depósitos, cómo evoluciona el sistema financiero y qué está ocurriendo con la economía. La información es fundamental para tomar decisiones responsables. Nadie debería minimizar esas inquietudes ni descalificar a quienes buscan proteger el fruto de su trabajo.

La Argentina no necesita otra crisis para comprender que hay decisiones económicas que pueden dejar consecuencias durante generaciones. Necesita responsabilidad política, transparencia, controles institucionales y una conducción económica que no vuelva a poner en riesgo el patrimonio de la sociedad.

En 2001 dijimos que nunca más queríamos vivir una situación semejante. Esa memoria no puede quedar reducida a un recuerdo doloroso. Tiene que servirnos para actuar antes de que sea demasiado tarde.

Caputo ya tuvo una oportunidad de conducir la economía argentina. No podemos permitir que los argentinos vuelvan a pagar las consecuencias de una política que ya conocemos. Y tampoco podemos aceptar que, si las cosas salen mal, quienes tomaron las decisiones se desentiendan de sus responsabilidades.