Causa judicial por el Puerto de Ushuaia: Justicia analiza presentación y el Gobierno fueguino pidió una cautelar urgente
Aunque no se habilitó la feria judicial, el juez federal Federico Calvete dio curso a la presentación provincial y comenzó el análisis del planteo que cuestiona la constitucionalidad de la medida dispuesta por el Gobierno nacional.
Ushuaia: La presentación realizada por el Gobierno de Tierra del Fuego ante la Justicia Federal, en el marco de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional sobre el Puerto de Ushuaia, comenzó a transitar formalmente su curso judicial. Si bien el juez federal Federico Calvete aún no habilitó la feria judicial, esa decisión no implica el rechazo del planteo, sino que responde a la naturaleza de la acción iniciada.
No obstante, y considerando la proximidad del reinicio de la actividad judicial, el magistrado resolvió dar continuidad a las actuaciones, con el objetivo de acelerar el análisis del fondo del reclamo provincial, lo que confirma la voluntad del tribunal de avanzar con celeridad en la causa.
En ese marco, el juzgado corrió vista a la fiscal federal para que se expida sobre, la competencia del juzgado, la admisibilidad de la acción y la procedencia de la medida cautelar solicitada por la gestión del gobernador Gustavo Melella.
El juez federal de Ushuaia, solicitó a la fiscalía que se pronuncie sobre las facultades del gobernador fueguino para presentarse en juicio sin la intervención conjunta de la Fiscalía de Estado, una cuestión que deberá resolverse en esta etapa inicial del proceso y que forma parte del análisis de admisibilidad de la demanda.
Según fuentes judiciales, en relación con la representación legal de la Provincia, el juez dejó en claro que el secretario Legal y Técnico, Emiliano Fossatto, actúa como apoderado, ya que para litigar ante la Justicia Federal del interior, deberá contar con matrícula federal. Más allá de esta formalidad procesal, el otro abogado patrocinante, Juan Carlos Cassagne, quien también representa al gobernador Melella, cuenta con matrícula federal habilitada, por lo que no existe impedimento sustancial para la prosecución de la causa.
De este modo, la resolución judicial abre formalmente el camino para el análisis del planteo de fondo presentado por Tierra del Fuego, incluyendo la constitucionalidad de la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional. La causa avanza con rapidez y queda ahora a la espera del dictamen fiscal, que permitirá definir los próximos pasos del proceso.
En ese contexto, el secretario Legal del Gobierno provincial, Emiliano Fossatto, confirmó que junto a la acción principal se presentó además un pedido de medida cautelar urgente, con el objetivo de suspender los efectos de la resolución que ordenó la intervención y detener las acciones que viene llevando adelante la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
“Consideramos que la resolución de intervención viola el régimen federal y la autonomía provincial, por lo que solicitamos el cese definitivo de toda acción o acto que lleve adelante la ANPyN y, particularmente, que se garantice a la Provincia el pleno y exclusivo ejercicio del dominio, la administración y la explotación de las actividades portuarias, a través de la Dirección Provincial de Puertos”, explicó el funcionario.
