Puerto de Ushuaia: la Justicia se declaró incompetente y el conflicto por la intervención nacional pasará a la Corte Suprema
El Gobierno fueguino sostuvo que la resolución no analiza el fondo del planteo y ratificó su decisión de defender la autonomía provincial y el control de los recursos estratégicos.
El conflicto institucional por la intervención del Estado Nacional en el Puerto de Ushuaia sumó un nuevo capítulo judicial. El Juzgado Federal de Ushuaia se declaró incompetente para intervenir en la acción de inconstitucionalidad presentada por el Gobierno de Tierra del Fuego, decisión que el Ejecutivo provincial interpretó como una definición estrictamente procesal que no aborda la cuestión de fondo.
Desde la gestión encabezada por el gobernador Gustavo Melella remarcaron que la resolución judicial no evaluó la legalidad de la intervención nacional ni la medida cautelar solicitada por la Provincia, sino que se limitó a determinar que el caso debe ser tratado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al tratarse de un litigio entre un Estado provincial y el Estado Nacional y por involucrar materia federal.
El fallo siguió los lineamientos del dictamen fiscal y declinó la competencia sin analizar la urgencia planteada por el Ejecutivo fueguino. Según sostienen desde la Provincia, esta decisión impidió que se resolviera una cautelar destinada a evitar la consolidación de una situación que consideran de gravedad institucional, económica y operativa para el principal puerto de la jurisdicción.
En ese marco, el Gobierno provincial advirtió que la resolución genera, en la práctica, un efecto restrictivo sobre el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, al postergar el análisis de medidas urgentes vinculadas según indicaron a la preservación de competencias, recursos e infraestructuras estratégicas propias del distrito.
No obstante, las autoridades recordaron que la eventual intervención de la Corte Suprema ya había sido contemplada desde el inicio de la estrategia judicial, dado el carácter del conflicto y los antecedentes jurisprudenciales en casos similares.
Mientras tanto, el equipo legal de la Provincia evalúa los próximos pasos procesales. En paralelo, el Ejecutivo reiteró su postura política: mantener una defensa “indeclinable” del federalismo, de la autonomía provincial y del control pleno de los recursos estratégicos fueguinos.
El Gobierno aseguró que continuará utilizando todas las herramientas jurídicas disponibles para impedir según su postura cualquier avance indebido del Estado Nacional sobre competencias no delegadas, infraestructuras provinciales y rentas que consideran pertenecientes legítimamente a la provincia.
