Diputados dio media sanción a la reforma laboral en una sesión atravesada por la tensión y la calle

Buenos Aires: En una jornada cargada de tensión política y presión sindical, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. El tablero marcó 135 votos afirmativos contra 115 negativos, en una sesión que tuvo cruces ásperos, acusaciones cruzadas y el telón de fondo de movilizaciones en la calle y un paro general convocado por la CGT.

El oficialismo reunió el respaldo de La Libertad Avanza y de bloques aliados como la UCR, el MID y el PRO, además de Producción y Trabajo, Innovación Federal, Provincias Unidas, Independencia y Neuquinidad. En contra se alinearon los legisladores peronistas, la izquierda, la mayoría de Provincias Unidas y algunos monobloques. La votación expuso un Congreso fragmentado, pero también la capacidad del Ejecutivo para articular mayorías circunstanciales en torno a una de sus reformas estructurales.

Sin embargo, el camino hacia la ley aún no está cerrado. El proyecto deberá regresar al Senado para su ratificación, luego de que se eliminara el controvertido artículo 44, que establecía una reducción salarial para trabajadores que sufrieran accidentes o enfermedades fuera del ámbito laboral. Ese punto, aprobado inicialmente en la Cámara Alta, fue suprimido tras un fuerte debate público y la presión de bloques aliados, que advirtieron sobre su alto costo político y social.

Indemnizaciones, fondo y cambios en las reglas de juego

Uno de los ejes centrales de la reforma es la redefinición del esquema indemnizatorio. Se mantiene la indemnización por despido sin causa, pero se establece que el cálculo se hará únicamente sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo, premios y adicionales extraordinarios. Para el Gobierno, la medida aporta previsibilidad; para la oposición, recorta derechos consolidados.

El proyecto también fija un nuevo criterio de actualización de créditos laborales: IPC más un 3% anual, con el argumento de reducir la litigiosidad.

En paralelo, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con aportes obligatorios de los empleadores —1% de las contribuciones patronales en grandes empresas y 2,5% en mipymes— y estará bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores. El fondo será inembargable y funcionará como respaldo para el pago de indemnizaciones. En ese esquema, la ANSES dejará de recibir esos ingresos.

Además, se habilita el pago en cuotas de sentencias judiciales: hasta seis meses para grandes empresas y hasta 12 para pequeñas y medianas.

Licencias, huelga y mayor flexibilidad

El capítulo de licencias fue uno de los más sensibles. El texto original establecía reducciones salariales en casos de enfermedades o accidentes ajenos al trabajo, diferenciando según la conducta del trabajador. La eliminación de ese artículo fue leída como un gesto de distensión del oficialismo ante el rechazo sindical.

Aun así, la reforma refuerza mecanismos de control: exige certificados médicos más detallados y habilita revisiones por parte del empleador, con posibilidad de intervención de juntas médicas a cargo de la empresa.

Otro punto que podría reabrirse es el pago de salarios mediante billeteras virtuales. El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, confirmó que insistirán en reincorporar la posibilidad de acreditar sueldos en Proveedores de Servicios de Pago regulados por el Banco Central, mecanismo que fue eliminado tras objeciones de cámaras bancarias.

La iniciativa no modifica la jornada legal, pero introduce un “banco de horas” voluntario, que permite compensar horas extra con francos, y amplía la flexibilidad para contratos a tiempo parcial. En vacaciones, mantiene el mínimo de 14 días, aunque autoriza el fraccionamiento por acuerdo entre las partes.

También redefine aspectos del derecho a huelga: durante medidas de fuerza deberá garantizarse un 75% de prestación en servicios esenciales y un 50% en actividades consideradas trascendentales, además de regular asambleas y exigir un plan de ejecución tras la conciliación obligatoria.

Regularización y cambios judiciales

El texto incorpora un programa de regularización laboral con condonación de hasta el 70% de deudas por aportes impagos y la posibilidad de salir del REPSAL para quienes cumplan las condiciones. Crea además el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce contribuciones patronales al 8% por cada nuevo trabajador durante un año, siempre que haya incremento real de la nómina.

En el plano judicial, los acuerdos homologados ante la autoridad laboral tendrán valor de sentencia firme y no podrán reabrirse. También se fijan topes a honorarios y se prevé una reorganización progresiva de la Justicia Nacional del Trabajo.

Con el artículo de licencias ya fuera del texto, el oficialismo apuesta a consolidar apoyos y convertir la reforma en ley. Afuera del Congreso, los gremios prometen continuar la resistencia. Adentro, el Gobierno juega una de sus cartas centrales para rediseñar las reglas del mercado laboral argentino.