Otra denuncia penal a la conducción de OSEF por presunta malversación de fondos
La presentación apunta al desvío de recursos destinados a tratamientos de alto costo, en medio de una crisis que ya afecta a más de 55 mil afiliados en Tierra del Fuego.
La crisis de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) sumó un nuevo capítulo judicial tras la denuncia penal presentada por la vocal en representación de los trabajadores activos en OSEF, Adriana Soria, quien apuntó directamente contra la actual conducción del organismo por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
La presentación, que ya se encuentra bajo análisis del Ministerio Público Fiscal, señala posibles delitos de malversación de fondos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el centro de la acusación aparece la utilización de recursos de afectación específica es decir, fondos que por ley deben destinarse a fines determinados para cubrir gastos corrientes de la obra social.
Según consta en la denuncia, se habría producido el desvío de $937.119.449,74 desde el Fondo Específico para Enfermedades de Alto Requerimiento hacia la cuenta general de la OSEF, una maniobra que, de confirmarse, implicaría una grave vulneración del marco legal vigente y pondría en riesgo la atención de patologías complejas.
El planteo judicial se da en un contexto crítico para más de 55.000 afiliados y afiliadas en Tierra del Fuego, donde se registran cortes de prestaciones, dificultades en el acceso a medicamentos y crecientes obstáculos para garantizar tratamientos. En ese escenario, la denuncia también pone en duda la viabilidad de restituir los fondos desviados, especialmente considerando la deuda millonaria que el propio Estado provincial mantiene con la obra social.
Otro de los puntos sensibles es la presunta toma de decisiones sin la intervención de los órganos de control interno. Según se detalla, áreas técnicas como Tesorería y Contaduría habrían sido presionadas mediante resoluciones que ordenaban ejecutar los movimientos bajo apercibimiento de sanciones, lo que abre interrogantes sobre la transparencia y legalidad de los procedimientos administrativos.
Asimismo, la presentación incorpora un señalamiento por posible ocultamiento de información a la Fiscalía de Estado en relación con el nivel real de endeudamiento del Ejecutivo provincial con la OSEF, que —según se advierte— superaría ampliamente las cifras informadas de manera oficial.
La causa ahora queda en manos de la Justicia, que deberá determinar si existieron conductas delictivas en la administración de los recursos. Mientras tanto, la situación expone una vez más la fragilidad del sistema y el impacto directo que estas decisiones tienen sobre el derecho a la salud de miles de trabajadores y sus familias.