Denuncian abandono y vulneración de derechos en cárceles fueguinas: Apuntan contra el Gobierno provincial
La Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande advirtió sobre una “situación gravísima” en los penales de Tierra del Fuego y cuestionó la falta de respuestas del Ejecutivo, al que responsabilizan por el deterioro de las condiciones de detención.
Río Grande: Un duro pronunciamiento de la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande volvió a poner en el centro de la escena la crítica situación que atraviesan las cárceles fueguinas. La organización denunció un escenario de abandono estructural y acusó al Gobierno provincial de incurrir en una “desidia alarmante” que pone en riesgo la salud y la vida de las personas privadas de su libertad.
Según señalaron, bajo el argumento de la falta de fondos, el Estado provincial estaría incumpliendo obligaciones básicas al no garantizar el acceso a medicación esencial. “No se está entregando tratamiento a personas con patologías graves, tanto de salud mental como enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o afecciones coronarias, lo que puede derivar en consecuencias irreversibles”, advirtieron.
El cuadro, lejos de ser aislado, se replica —según la denuncia— en los establecimientos penitenciarios de Ushuaia y Río Grande, donde la situación “empeora día a día”. En ese sentido, cuestionaron la falta de planificación y políticas de fondo, señalando que las respuestas oficiales se limitan a “parches y remiendos”, como la readecuación de espacios que ya nacen colapsados, profundizando el hacinamiento.
A esta realidad se suma, indicaron, la deficiente provisión de alimentos, tanto en cantidad como en calidad, lo que agrava aún más las condiciones de detención y evidencia —según remarcaron— un incumplimiento sistemático de los derechos que el Estado está obligado a garantizar.
Desde la Multisectorial fueron más allá y advirtieron que estas prácticas constituyen una nueva vulneración de derechos humanos, al tiempo que recordaron que el Estado fueguino debe responder por compromisos asumidos en tratados nacionales e internacionales. “Se trata de obligaciones indelegables que hoy están siendo ignoradas”, sostuvieron.
En un tono crítico, la organización apuntó directamente contra las autoridades provinciales por la falta de políticas efectivas y la ausencia de respuestas urgentes ante un escenario que calificaron como “crítico y cada vez más deteriorado”. En ese marco, exigieron la adopción inmediata de medidas concretas y responsabilizaron a los funcionarios a cargo por cualquier consecuencia que pudiera derivarse de esta situación.
“Venimos a denunciar esta gravísima realidad y a exigir acciones urgentes. No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras se vulneran derechos básicos”, concluyeron.
