Impulsan “Ficha Limpia” en Tierra del Fuego: buscan impedir candidaturas con condenas judiciales
El bloque Somos Fueguinos presentó un proyecto para establecer criterios más estrictos de idoneidad e integridad en Tierra del Fuego, incluyendo la inhabilitación de personas con condenas desde segunda instancia.
Ushuaia: En un nuevo intento por avanzar en mayores estándares de transparencia en la vida pública, el bloque Somos Fueguinos presentó un proyecto de ley de “Ficha Limpia” que busca establecer requisitos más rigurosos para el acceso a cargos públicos y la participación en procesos electorales dentro de la provincia.
La iniciativa propone que no puedan ser precandidatos, candidatos ni designados en funciones públicas aquellas personas que registren condenas judiciales desde la segunda instancia, incluso si la sentencia aún no se encuentra firme, siempre que se trate de delitos de especial gravedad.
Entre los delitos alcanzados por la norma se incluyen aquellos contra la seguridad de la Nación y el orden constitucional, así como también delitos contra la administración pública como cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y encubrimiento. A estos se suman el fraude en perjuicio del Estado, delitos económicos y financieros, el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, los delitos contra la integridad sexual y el femicidio, además de infracciones contempladas en leyes especiales y tratados internacionales vinculados a la lucha contra la corrupción.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la incorporación de un mecanismo de control previo que apunta a reforzar la transparencia electoral. En ese sentido, se establece que los partidos políticos y alianzas deberán presentar, al momento de oficializar sus listas, el certificado de antecedentes penales vigente de cada postulante, emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.
La propuesta también fija plazos estrictos para el cumplimiento de este requisito: en caso de omisión, la autoridad electoral deberá intimar a la fuerza política correspondiente, otorgando 48 horas para regularizar la situación o reemplazar al candidato. De no cumplirse con esta exigencia, la lista podrá ser considerada incompleta a los efectos de su oficialización.
El alcance del proyecto no se limita al ámbito electoral. También contempla su aplicación en el ejercicio de la función pública, impidiendo la designación de personas alcanzadas por estas inhabilitaciones en cargos provinciales. Asimismo, prevé que, si una condena de estas características se produce con posterioridad a la designación, se inicie el procedimiento administrativo correspondiente —con garantía del derecho de defensa— para evaluar la eventual desvinculación del funcionario.
Con este nuevo impulso legislativo, el debate sobre los estándares éticos en la política vuelve a instalarse en la agenda pública fueguina, en un contexto donde la demanda social por mayor transparencia y rendición de cuentas sigue en aumento.
