El Senado avanza con la regularización de armas y extiende el plan de entrega voluntaria
Un plenario de comisiones dio dictamen favorable al proyecto que busca actualizar el registro de usuarios y simplificar trámites, junto con la prórroga del programa de desarme hasta fines de 2027.
En una jornada clave dentro del tratamiento legislativo en materia de seguridad, el plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales del Senado avanzó con el dictamen favorable al proyecto de ley sobre la regularización de armas de fuego, una iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
El encuentro se desarrolló en el salón Arturo Illia y estuvo presidido por la senadora Carolina Losada (UCR) y el senador Gonzalo Guzmán Coraita (LLA). En paralelo, las comisiones también avalaron la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2027, en una decisión que apunta a sostener políticas de desarme en todo el país.
Para exponer los alcances del proyecto, participó el director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan, quien destacó que durante su paso por la Cámara baja la iniciativa incorporó seis modificaciones que “enriquecieron y mejoraron técnicamente” su contenido, permitiendo alcanzar un respaldo mayoritario. En ese sentido, remarcó que incluso el dictamen de minoría no cuestiona el proyecto en su totalidad, sino aspectos puntuales, lo que evidencia un amplio consenso político.
Allan explicó que, al inicio de la actual gestión, se detectó un importante número de registros de armas vencidos, situación que —según indicó— refuerza la necesidad de avanzar con esta normativa. “Es una herramienta reclamada por la Justicia y por distintas áreas del Estado”, sostuvo, al tiempo que consideró pertinente el tratamiento conjunto de esta iniciativa con la prórroga del programa de entrega voluntaria, al definirlas como “dos caras de una misma moneda”.
El titular del RENAR subrayó además que el proyecto se inscribe en una continuidad normativa de más de 50 años en materia de regulación de armas. Entre sus principales ejes, destacó la posibilidad de reempadronamiento a través de un proceso de digitalización que busca reducir la burocracia y acortar los tiempos administrativos. Según detalló, el sistema ya funciona en la mayoría de las provincias, con excepción de Formosa, Tierra del Fuego y La Rioja.
No obstante, advirtió que aún persiste un desbalance: “Hay más usuarios con armas vencidas que con registros vigentes”. En esa línea, remarcó la importancia de contar con información precisa sobre la tenencia de armas: “El legítimo usuario es una persona responsable y ajustada a derecho, y el Estado necesita saber quién tiene las armas, dónde y cómo, porque no desaparecen y esa información es clave para la Justicia y las áreas de seguridad”.
Finalmente, destacó avances en el proceso de regularización al señalar que actualmente existe “un 20% más de personas que han normalizado su situación” respecto de la tenencia y condición de legítimos usuarios, lo que marca —según evaluó— un paso significativo hacia un mayor control y ordenamiento en la materia.
