Un informe de la UNTDF advierte sobre el impacto social del aumento del gas envasado en Tierra del Fuego
El estudio señala que el precio del GLP acumuló un incremento del 4.900% entre 2023 y 2026 y cuestiona la nueva segmentación del subsidio provincial. Advierten sobre el crecimiento de la precariedad energética en miles de hogares fueguinos.
Ushuaia: En una provincia atravesada por temperaturas extremas durante gran parte del año, el acceso a la energía dejó de ser únicamente una cuestión de infraestructura para convertirse en una problemática social cada vez más profunda. Así lo plantea un informe elaborado por el Observatorio Social, Político y Económico del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), que analiza el fuerte impacto del aumento del gas envasado y los cambios en la política de subsidios aplicados en la provincia.
El trabajo, titulado “La Política de Hidrocarburos como herramienta de (in)equidad: De la Tarifa Social a la segmentación del consumo de GLP en Tierra del Fuego (2023-2026)”, fue realizado por la investigadora Patricia Vara y expone las consecuencias sociales, económicas y habitacionales derivadas del nuevo esquema energético implementado entre 2023 y 2026.
Según el informe, el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) registró un incremento acumulado del 4.900% en apenas tres años, pasando de 6 a 300 pesos por kilogramo. Para la investigadora, esta escalada tarifaria convirtió al gas envasado en un recurso cada vez más inaccesible para miles de familias fueguinas que no cuentan con conexión a la red domiciliaria.
El estudio sostiene que la desregulación impulsada a nivel nacional y el retiro gradual de subsidios erosionaron el histórico esquema de “Zona Fría”, trasladando gran parte del costo energético hacia las provincias australes. Frente a este escenario, el Estado provincial debió reforzar mecanismos de contención a través del programa “Subsidio al Consumo Residencial de Gas Envasado y a Granel”, que actualmente alcanza a cerca de seis mil hogares.
Sin embargo, el informe cuestiona el nuevo esquema normativo implementado mediante el Decreto Provincial Nº 505/2026 y la Resolución del Ministerio de Economía Nº 209/2026, que redefine el acceso al subsidio bajo criterios de geolocalización y sustentabilidad fiscal.
La investigación advierte que esta nueva segmentación reduce considerablemente los cupos mensuales de gas subsidiado y excluye a familias que viven cerca de la red de gas natural, aunque en muchos casos no tengan conexión efectiva al servicio.
En ciudades como Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, los hogares sin acceso a red reciben actualmente entre 190 y 450 kilos mensuales de GLP subsidiado, dependiendo de la ubicación y las condiciones establecidas por la normativa vigente. A su vez, quienes poseen acceso técnico a la red pueden perder completamente el beneficio tras 90 días de notificación.
Uno de los puntos centrales del informe es la crítica al criterio territorial utilizado para definir la asistencia. La autora sostiene que la segmentación desconoce las particularidades climáticas de Tierra del Fuego, donde las bajas temperaturas se extienden durante gran parte del año y el consumo energético resulta indispensable para garantizar condiciones mínimas de habitabilidad.
El documento concluye que el nuevo esquema “institucionaliza la precariedad energética” y pone en tensión derechos básicos vinculados al acceso a una vivienda digna, segura y calefaccionada en el extremo sur del país.
