El Superior Tribunal deberá tomar juramento a la jueza designada para el Juzgado de Familia Nº1 de Ushuaia
El Consejo de la Magistratura pidió derogar la Acordada 24/2026 y ordenó avanzar con la asunción de la magistrada en un plazo de cinco días. La decisión profundiza la tensión institucional con el Superior Tribunal de Justicia.
Ushuaia: El conflicto institucional entre el Consejo de la Magistratura y el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego sumó este lunes un nuevo capítulo, luego de que el organismo encargado de la selección de magistrados resolviera exigir el cumplimiento de la designación de la jueza para el Juzgado de Familia y Minoridad Nº1 de Ushuaia y solicitar la derogación de la Acordada STJ Nº 24/2026.
La resolución quedó plasmada en el Acta Nº 646 del Consejo de la Magistratura, elaborada tras la reunión desarrollada en Ushuaia, donde además se dispuso que el Superior Tribunal deberá avanzar con la toma de juramento de la magistrada en un plazo de cinco días.
La controversia se originó luego de que el Superior Tribunal rechazara previamente la designación de la jueza mediante la Acordada 24/2026, una decisión que ahora el Consejo considera improcedente y contraria a lo establecido en la Acordada C.M. Nº 674.
Durante la sesión, encabezada por la presidenta del organismo, Edith Miriam Cristiano, los consejeros analizaron la Nota M.E. Nº 15/26 vinculada a la acordada del Superior Tribunal y concluyeron en avanzar formalmente con el pedido de derogación.
Del encuentro participaron además el fiscal de Estado Virgilio Juan Martínez de Sucre, el ministro jefe de Gabinete Jorge Alberto Canals, la legisladora María Victoria Vuoto, el legislador Jorge Andrés Lechman y los consejeros Alejandro Pagano Zavalía y Horacio Marcelo Castelli.
Según surge del acta, el Consejo entendió que corresponde exigir al Superior Tribunal el cumplimiento de lo resuelto oportunamente por el organismo respecto de la cobertura del cargo judicial vacante.
La decisión incrementa la tensión institucional entre ambos cuerpos y abre un escenario de fuerte debate sobre las competencias y alcances de las decisiones administrativas y constitucionales vinculadas a la designación de magistrados en la provincia.
Ahora, el Superior Tribunal deberá resolver si acata lo dispuesto por el Consejo de la Magistratura y avanza con la jura de la jueza designada para el Juzgado de Familia y Minoridad Nº1 de Ushuaia dentro del plazo fijado.
