Súper miércoles en Diputados: la ley de lobby y el “Súper RIGI” concentran la agenda legislativa
La Cámara baja debatirá este miércoles dos proyectos impulsados por el Gobierno nacional. Uno apunta a regular y transparentar la actividad de los grupos de interés, mientras que el otro busca atraer inversiones multimillonarias en sectores estratégicos con beneficios fiscales y cambiarios por tres décadas.
Con el inicio del Mundial de Fútbol acaparando gran parte de la atención pública, la Cámara de Diputados se prepara para una jornada de intensa actividad parlamentaria. Este miércoles, dos plenarios de comisiones pondrán bajo análisis iniciativas consideradas prioritarias por el Gobierno nacional: la denominada ley de lobby y el proyecto conocido como “Súper RIGI”, orientado a incentivar grandes inversiones en industrias de alto valor tecnológico.
Transparencia para la gestión de intereses
La primera convocatoria tendrá lugar a las 14 horas, cuando las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, y de Legislación General, encabezada por Santiago Santurio, se reúnan para avanzar en el tratamiento del proyecto que crea un “Régimen de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”.
La iniciativa, inspirada en modelos vigentes en Estados Unidos, busca establecer reglas claras para las gestiones que realizan empresas, consultores e intermediarios ante funcionarios y legisladores con el objetivo de promover intereses sectoriales e influir en la elaboración de políticas públicas.
Entre los puntos centrales, la propuesta contempla la creación de un Registro Público de Gestión de Intereses, en el que deberán inscribirse quienes desarrollen actividades de lobby. Además, se exigirá la presentación de declaraciones juradas sobre los intereses representados y los clientes o beneficiarios de esas gestiones.
También se prevé que los registros incluyan información detallada sobre las reuniones mantenidas, especificando fecha, horario, modalidad del encuentro, organismo involucrado y una síntesis de los temas tratados.
El proyecto establece sanciones para quienes incumplan las disposiciones, que van desde multas equivalentes a 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación permanente para ejercer como gestores de intereses. Asimismo, contempla penas de prisión de entre seis meses y tres años para los casos de representación clandestina de intereses extranjeros.
La iniciativa también alcanza a funcionarios del Poder Ejecutivo y del Congreso, quienes deberán dar publicidad a las audiencias mantenidas con lobistas y rendir cuentas sobre esos vínculos.
En el oficialismo consideran que la propuesta cuenta con un importante nivel de consenso con sectores de la oposición dialoguista, por lo que no se prevén mayores dificultades para avanzar hacia una eventual media sanción.
El “Súper RIGI”, en busca de nuevas inversiones
Una hora más tarde, desde las 15, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva comenzarán a debatir el proyecto denominado “Súper RIGI”, una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado en el marco de la Ley Bases.
Para la exposición técnica fueron convocados el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, ambos funcionarios del Ministerio de Economía.
La iniciativa apunta a captar inversiones de gran magnitud en sectores considerados estratégicos para el desarrollo tecnológico y energético del país. Entre ellos figuran la explotación de minerales críticos como litio y uranio, la producción de baterías, el hidrógeno verde, los vehículos eléctricos, las turbinas eólicas, los paneles solares, los reactores nucleares de pequeña y mediana escala, la industria de los semiconductores y los desarrollos vinculados a la inteligencia artificial.
Para acceder a los beneficios previstos, las empresas deberán comprometer inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares.
Beneficios fiscales por 30 años
El proyecto ofrece a estas industrias un esquema de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un plazo de 30 años, además de una batería de incentivos destinada a mejorar la competitividad y fomentar la llegada de capitales.
Entre los principales beneficios se destacan la reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, un régimen de amortización acelerada de inversiones, certificados de crédito fiscal para cancelar el IVA y una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales.
Además, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal y la carga tributaria sobre los dividendos se reducirá progresivamente, pasando del 7% al 3,5% después de cuatro años.
El régimen también contempla la eliminación de derechos de importación y exportación, la supresión de restricciones y cupos para operar y una disponibilidad gradual de las divisas generadas por las exportaciones, hasta alcanzar el acceso al 100% de los dólares obtenidos luego de tres años.
Con ambas iniciativas sobre la mesa, la Cámara de Diputados afrontará una jornada clave para el avance de dos proyectos que forman parte del núcleo de reformas impulsadas por el Gobierno y que prometen abrir un nuevo capítulo en el debate sobre la transparencia institucional y la estrategia de desarrollo económico del país.