El Senado aprobó 74 pliegos judiciales y el Gobierno sufrió un revés con el caso Michelli
La Cámara alta avaló la designación de jueces, fiscales y defensores públicos en distintos puntos del país. La aprobación del pliego de María Verónica Michelli, que el Ejecutivo había intentado retirar, expuso una de las pocas derrotas parlamentarias del oficialismo y dejó al descubierto fuertes tensiones entre los bloques.
En una sesión atravesada por las acusaciones cruzadas y las negociaciones de último momento, la Cámara de Senadores otorgó acuerdo a 74 funcionarios judiciales entre jueces, fiscales y defensores públicos de diferentes fueros y jurisdicciones del país. Entre las designaciones aprobadas sobresalió la de la jueza María Verónica Michelli, cuyo pliego había sido objetado por el Gobierno nacional, que había intentado sin éxito retirarlo.
Según trascendió, la decisión del Poder Ejecutivo estuvo vinculada al parentesco de la magistrada con un periodista crítico del presidente Javier Milei. Sin embargo, la resistencia del peronismo y el acompañamiento de sectores dialoguistas terminaron por garantizar su nombramiento, configurando uno de los escasos reveses políticos sufridos por el oficialismo en el Congreso.
La votación dejó en evidencia las diferencias internas y las dificultades del Gobierno para imponer su estrategia parlamentaria. El intento de frenar la designación de Michelli fue derrotado por 44 votos contra 18, mientras que dos senadoras de La Libertad Avanza, entre ellas la presidenta del bloque, Patricia Bullrich, optaron por abstenerse. La ministra de Seguridad fundamentó su decisión en una “objeción de conciencia”.
En contraste, otros tres pliegos impulsados originalmente por el Ejecutivo y posteriormente cuestionados por la propia administración quedaron fuera del debate. Se trata de Juan Mejuto, señalado por su vinculación con la agrupación Justicia Legítima, y de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, sobre quienes pesaban observaciones relacionadas con presuntos vínculos con el presidente de la AFA, Claudio Tapia.
La discusión parlamentaria comenzó con un fuerte cruce protagonizado por el jefe del interbloque kirchnerista, José Mayans, quien denunció que el oficialismo había modificado de manera unilateral el acuerdo previo alcanzado en Labor Parlamentaria. Según sostuvo, se había convenido tratar 50 pliegos, pero al inicio de la sesión se incorporaron otros 23 sin consenso previo.
La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, avaló el planteo opositor, lo que dio lugar a un intercambio de elevada tensión política. Tanto Mayans como Juliana Di Tullio acusaron al oficialismo de actuar con deslealtad y de incurrir en una “traición parlamentaria”, en medio de un debate marcado por descalificaciones personales y un tono cada vez más áspero.
Del otro lado, el senador radical Eduardo Vischi defendió la ampliación del temario y respondió a Mayans calificándolo de “maleducado y caradura”, mientras que Carolina Losada cuestionó las expresiones utilizadas por Di Tullio. Las recriminaciones mutuas terminaron por empantanar la sesión.
La salida llegó tras un cuarto intermedio realizado en las propias bancas. Media hora de conversaciones bastó para alcanzar un entendimiento: se avanzarían con los 73 pliegos promovidos por el oficialismo y se incorporaría además el de Michelli, respaldado por el kirchnerismo, sectores del peronismo no alineado y algunos legisladores oficialistas.
Finalmente, la magistrada obtuvo el aval del Senado con el apoyo del peronismo y de varios bloques dialoguistas de Catamarca, Tucumán, Misiones y Corrientes, además de senadores de la UCR y del PRO, sellando así una votación que dejó al descubierto las complejas alianzas y disputas que atraviesan hoy al escenario parlamentario.