El Gobierno apeló la nulidad de la convocatoria a constituyentes y advirtió sobre el impacto institucional del fallo

El Gobierno de Tierra del Fuego presentó una firme apelación contra la sentencia del Juzgado Electoral Provincial que declaró la nulidad del Decreto N° 751/26, norma mediante la cual se había convocado a elecciones de convencionales constituyentes para el próximo 9 de agosto. Desde el Ejecutivo sostienen que la resolución judicial carece de fundamentos suficientes y genera un fuerte impacto institucional al interrumpir un proceso destinado a que la ciudadanía se pronuncie sobre una eventual reforma de la Constitución fueguina.

En el escrito presentado, la Provincia centra uno de sus principales cuestionamientos en el argumento utilizado por la jueza electoral Mariel Zanini, quien consideró que la existencia de una queja planteada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación impedía avanzar con la convocatoria. Sin embargo, la apelación sostiene que la legislación nacional establece expresamente que ese tipo de recursos no tiene efectos suspensivos y, por lo tanto, no paraliza el curso del proceso.

La presentación recuerda además que el Superior Tribunal de Justicia ya había resuelto la cuestión de fondo al declarar la validez de la Ley Provincial N° 1529, dejar sin efecto la medida cautelar que había suspendido el proceso electoral y ordenar la realización de una nueva convocatoria. Posteriormente, el máximo órgano judicial de la provincia rechazó el Recurso Extraordinario Federal interpuesto, consolidando la firmeza de sus resoluciones en la jurisdicción local.

En esa línea, el Ejecutivo remarcó que cuando se dictó el Decreto N° 751/26 no existía ninguna medida cautelar vigente, suspensión judicial ni pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impidiera avanzar con el cronograma electoral.

Uno de los aspectos más sensibles del planteo apunta a la defensa de la autoridad institucional del Superior Tribunal de Justicia. Según entiende el Gobierno, la sentencia del Juzgado Electoral termina reinterpretando y revisando una decisión ya adoptada por el máximo tribunal fueguino, alterando los efectos de un fallo que debía ser cumplido por los distintos órganos del Estado y cuando ya habían transcurrido treinta días desde la notificación del decreto y se habían puesto en marcha diversas actuaciones institucionales.

El recurso recuerda, además, que la normativa provincial establece que los pronunciamientos del Superior Tribunal constituyen jurisprudencia obligatoria para todos los jueces y tribunales de la provincia. Por ello, desde la administración provincial consideran que permitir que una instancia inferior deje sin efecto práctico una decisión del máximo órgano judicial altera el sistema de jerarquías previsto por la Constitución y afecta el equilibrio institucional.

La apelación también pone el foco en las consecuencias que la resolución judicial podría generar sobre el proceso democrático. El Ejecutivo advirtió que la nulidad declarada impacta sobre un proceso electoral ya iniciado y abre un escenario de incertidumbre respecto de una instancia considerada trascendental para el futuro institucional de Tierra del Fuego.

En ese marco, sostuvo que admitir que una simple presentación ante la Corte Suprema pueda suspender automáticamente decisiones provinciales firmes pondría en riesgo la estabilidad de cualquier proceso institucional, debilitando principios esenciales como la previsibilidad y la seguridad jurídica.

Por tal motivo, el Gobierno solicitó la intervención urgente de la Cámara para que revoque la sentencia y permita la continuidad del proceso electoral destinado a elegir a los convencionales constituyentes.

Para el Ejecutivo fueguino, en esta controversia no solo está en discusión la validez de un decreto, sino también principios fundamentales vinculados con la autonomía provincial, la división de poderes, el sistema federal de gobierno, los derechos políticos de los ciudadanos y el normal funcionamiento de las instituciones republicanas. En ese sentido, sostienen que el debate trasciende la cuestión estrictamente jurídica y se proyecta sobre la capacidad de la provincia para llevar adelante un proceso electoral respaldado por una ley vigente y por las decisiones del Superior Tribunal de Justicia.