Radar de Tolhuin: La comisión investigadora comenzó su trabajo y anticipó una batería de medidas de prueba
El cuerpo legislativo eligió por unanimidad a Pablo Villegas como presidente, aprobó su reglamento interno y convocó a una nueva reunión para el 18 de junio. Las actuaciones serán públicas y buscarán determinar responsabilidades políticas y técnicas en torno a las autorizaciones otorgadas a Leolabs.
Ushuaia: La Comisión Especial Investigadora creada por la Legislatura de Tierra del Fuego para analizar las autorizaciones otorgadas a las empresas Leolabs Inc. y Leolabs Argentina SRL para la instalación del radar y una estación terrena en Tolhuin dio este martes sus primeros pasos formales, al aprobar su reglamento interno y establecer las pautas que regirán su funcionamiento.
Durante el encuentro, las y los legisladores que integran el cuerpo designaron por unanimidad al legislador Pablo Villegas (MPF) como presidente de la Comisión y fijaron una nueva reunión para el próximo 18 de junio, fecha en la que comenzarán a analizar las primeras medidas probatorias vinculadas al caso.
La Comisión fue creada con el objetivo de investigar las actuaciones administrativas relacionadas con las autorizaciones concedidas para el emplazamiento del radar en Tolhuin y determinar las eventuales responsabilidades políticas y técnicas de los funcionarios que intervinieron en el proceso, además de analizar la posible participación o vinculación del Gobierno nacional.

En ese marco, Villegas adelantó que ya se cuenta con una serie de medidas destinadas a reunir información. “Recibimos una propuesta de reglamento interno y también una batería de medidas de carácter probatorio dirigida a un sinnúmero de entes”, señaló, en referencia a una iniciativa impulsada por el legislador Juan Carlos Pino.
El titular de la Comisión remarcó además que las tareas de investigación tendrán carácter público.
“Salvo que, por algún tema en particular, de manera excepcional, se plantee una reunión reservada, las actuaciones serán abiertas. Puede participar todo aquel que entienda que tiene derecho a hacerlo o quiera exponer”, afirmó.
Amplias facultades para investigar
La Comisión Especial Investigadora fue creada al amparo del artículo 106 de la Constitución Provincial y del artículo 64 del Reglamento Interno de la Cámara. Cuenta con amplias facultades para llevar adelante la investigación, garantizando el debido proceso.
Entre otras atribuciones, podrá solicitar documentación al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado; citar e interrogar a funcionarios y exfuncionarios; convocar testigos y designar peritos para la producción de pruebas.
Además, el trabajo será acompañado por dos asesores ad honorem, representantes del Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia y del Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande, quienes aportarán una mirada vinculada a la defensa de los intereses soberanos argentinos.
El plazo establecido para el funcionamiento del cuerpo es de 90 días hábiles, aunque podrá ser prorrogado en caso de que existan razones fundadas.
Una vez concluidas las tareas, la Comisión deberá elevar un informe final a la Legislatura con las conclusiones alcanzadas sobre las responsabilidades políticas y técnicas derivadas del caso. En caso de detectarse otro tipo de responsabilidades, el organismo deberá poner los antecedentes en conocimiento de las autoridades competentes.
Integración plural
La Comisión Especial Investigadora está integrada por los legisladores Federico Sciurano (FORJA), Pablo Villegas (MPF), Juan Carlos Pino (PJ), Matías Lapadula (Provincia Grande), Raúl Von der Thusen (Somos Fueguinos), Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin), Natalia Gracianía (La Libertad Avanza) y María Laura Colazo (Partido Verde).
La conformación del cuerpo se concretó a partir de las resoluciones de Cámara N° 131/26 y 161/26, aprobadas por la Legislatura en las sesiones ordinarias de abril y mayo, respectivamente.
Con la aprobación de su reglamento y las primeras medidas de prueba sobre la mesa, la Comisión comenzó formalmente una investigación que buscará esclarecer uno de los episodios que mayor repercusión política e institucional ha generado en Tierra del Fuego en los últimos años.
