Las fuerzas políticas de la provincia rechazaron la apelación del Gobierno por la reforma constitucional
Las distintas fuerzas que intervienen en la causa respaldaron la sentencia que frenó la convocatoria a convencionales constituyentes y cuestionaron los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo provincial.
Río Grande: La discusión judicial en torno al proceso de reforma de la Constitución de Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo. Las distintas fuerzas políticas que forman parte de la causa se pronunciaron en contra del recurso de apelación presentado por el Gobierno provincial y respaldaron la resolución que había dejado sin efecto la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes.
En sus respectivas presentaciones, los partidos coincidieron en defender el alcance de la sentencia dictada por la Justicia Electoral y sostuvieron que el llamado a comicios dispuesto por el Decreto 751/26 se realizó sin que estuvieran cumplidos los requisitos establecidos previamente por el Superior Tribunal de Justicia.
Desde el Partido Justicialista se respaldó la interpretación efectuada en la resolución cuestionada respecto del concepto de firmeza exigido por el máximo tribunal provincial para habilitar una nueva convocatoria electoral. En ese sentido, se diferenció dicho requisito de la mera ejecutoriedad de las decisiones judiciales y se reivindicaron las facultades de control de legalidad propias de la Justicia Electoral.
Además, el PJ sostuvo la existencia de vicios en la causa y en la motivación del decreto impugnado, rechazó los planteos vinculados a una supuesta afectación del principio democrático y defendió la posibilidad de declarar de oficio la nulidad de actos electorales y preelectorales cuando se encuentran comprometidos principios de orden público institucional.
En tanto, desde Provincia Grande se sostuvo que la convocatoria para elegir convencionales constituyentes se realizó sin que estuvieran reunidos los presupuestos jurídicos establecidos por el fallo del Superior Tribunal de Justicia. Asimismo, se destacó la importancia institucional del control judicial ejercido sobre el proceso electoral.
Por su parte, el Movimiento Popular Fueguino también ratificó la competencia del Juzgado Electoral para analizar la legalidad de la convocatoria y remarcó la diferencia entre firmeza y ejecutoriedad de las resoluciones judiciales. A ello sumó la incidencia de la reciente derogación de la Ley Provincial 1529 mediante la sanción de la Ley 1626.
La fuerza provincial advirtió además que el Decreto 751/26 presenta vicios de objeto y forma que consideró insubsanables, al señalar que la convocatoria electoral carecía de previsión presupuestaria y de una asignación específica de partidas para financiar los comicios. Según argumentó, convocar a elecciones sin crédito presupuestario viola los principios de legalidad financiera y regularidad administrativa, lo que tornaría al acto nulo de nulidad absoluta.
El Frente Renovador, por su parte, consideró que la sentencia recurrida interpretó correctamente la exigencia de firmeza establecida por el Superior Tribunal y remarcó que la derogación de la Ley Provincial 1529 por parte de la Legislatura constituye un elemento adicional que refuerza la improcedencia de la convocatoria.
Una posición similar expresó Somos Fueguinos, espacio que defendió la interpretación realizada en relación con el fallo dictado en la causa “Lechman”, avaló la intervención de la Justicia Electoral y cuestionó la equiparación entre firmeza y ejecutoriedad sostenida por el Ejecutivo provincial.
De esta manera, las distintas fuerzas políticas que participan del expediente coincidieron en respaldar la decisión adoptada por la Justicia Electoral y rechazaron los argumentos presentados por el Gobierno en su intento por revertir el fallo que frenó el proceso de reforma constitucional.