Nación defendió el ingreso del buque británico VS PROMISE a Ushuaia y negó una pérdida de soberanía
El Gobierno nacional salió al cruce del rechazo expresado por Tierra del Fuego tras el amarre de la embarcación petrolera de bandera británica en el Puerto de Ushuaia. El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que el buque había operado previamente en territorio fueguino, negó que su ingreso violara la legislación vigente y sostuvo que la operación no implica “ninguna pérdida de soberanía”.
La presencia del VS PROMISE, un buque petrolero de bandera británica, en el Puerto de Ushuaia abrió un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno nacional y la administración del gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella, en torno a la soberanía y el control de los espacios estratégicos de la provincia.
Luego del rechazo expresado desde el ámbito provincial por el ingreso de la embarcación, que amarró en la terminal portuaria para realizar tareas de aprovisionamiento, el Gobierno nacional salió a defender la operación y negó que se haya producido una violación de la normativa vigente.
El pronunciamiento llegó durante la habitual conferencia de prensa presidencial, donde el vocero Adrián Ravier respondió a las críticas y sostuvo que el VS PROMISE había desarrollado previamente actividades en territorio fueguino antes de dirigirse a Ushuaia.
Según explicó el funcionario, la embarcación había cargado petróleo crudo en la zona de la cuenca del puerto Cuyén, en el norte de Tierra del Fuego, y posteriormente navegó hasta la capital provincial para abastecerse.
El buque, afirmó Ravier, “venía de trabajar en Argentina” y “venía de la propia provincia de Tierra del Fuego”, argumentos con los que buscó cuestionar el planteo realizado por las autoridades fueguinas respecto de su ingreso al Puerto de Ushuaia.
La discusión sobre la jurisdicción y la Ley Gaucho Rivero
Ravier también puso el foco en el lugar desde donde el buque habría cargado el petróleo. Según indicó, la monoboya utilizada para esa operación se encuentra bajo jurisdicción de la Provincia de Tierra del Fuego, por lo que sostuvo que las autoridades locales habrían permitido inicialmente la operatoria de la embarcación.
A partir de ese argumento, el vocero presidencial señaló que la llegada del VS PROMISE a Ushuaia no viola la legislación vigente y se refirió especialmente al alcance de la denominada Ley Gaucho Rivero.
Según explicó, la normativa provincial no establece una prohibición general para el ingreso de cualquier embarcación vinculada con el Reino Unido, sino que apunta específicamente a los buques relacionados con la exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas.
Para el Gobierno nacional, esa condición no se configuraría en este caso, debido a que el petróleo transportado por el VS PROMISE habría sido cargado en territorio fueguino y no en aguas vinculadas a la cuenca de Malvinas.
Por ese motivo, Ravier sostuvo que “las autoridades fueguinas permitieron el ingreso del buque”, mientras que desde Nación se autorizó posteriormente su aprovisionamiento en la terminal portuaria de Ushuaia.
La situación adquiere además una dimensión política particular porque el Puerto de Ushuaia se encuentra actualmente bajo una intervención del Gobierno nacional, un escenario que profundizó las tensiones con la administración provincial.
“No hay ninguna pérdida de soberanía”
Frente a los cuestionamientos surgidos por la presencia de una embarcación de bandera británica en uno de los puntos más estratégicos del sur argentino, Ravier fue contundente al rechazar cualquier planteo vinculado con una afectación de la soberanía nacional.
“No hay ninguna pérdida de soberanía, no hay ningún riesgo para la Argentina”, afirmó el funcionario.
Finalmente, el vocero presidencial sostuvo que la operación también representa una oportunidad de movimiento económico para la provincia y destacó que las tareas desarrolladas por el buque generan actividad dentro de Tierra del Fuego.
Para el Gobierno nacional, se trata de una situación encuadrada dentro de las jurisdicciones y autorizaciones correspondientes. Sin embargo, la llegada del VS PROMISE volvió a poner sobre la mesa un debate sensible para Tierra del Fuego: el alcance de las normas locales, el control de los recursos estratégicos y la defensa de la soberanía argentina en una provincia atravesada históricamente por la cuestión Malvinas.