La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes ya tiene sus candidaturas: la Legislatura deberá designar a las primeras autoridades
La Comisión Evaluadora Ad Hoc elevó las propuestas para cubrir los cargos en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Sabrina Marcucci encabezó el orden general de mérito. El organismo, creado por ley a fines de 2022, será independiente de los tres poderes del Estado y tendrá como misión proteger y promover los derechos de las infancias y adolescencias.
Después de un proceso que comenzó con 63 personas inscriptas y atravesó distintas etapas de evaluación, exámenes y audiencias públicas, la futura Defensoría Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dio un paso decisivo hacia su puesta en funcionamiento.
La Comisión Evaluadora Ad Hoc elevó a la Legislatura las propuestas para designar a las primeras autoridades del organismo, creado por la Ley Provincial N° 1466, sancionada a fines de 2022.
Concluidas las instancias de evaluación, el orden general de mérito quedó conformado por nueve postulantes. La abogada Sabrina Marcucci obtuvo el mayor puntaje del proceso, seguida por Verónica Facio, Abigail Astrada, Andrea Reinozo, Claudia Casabene, Laura Rojas, Noelia Flores Laffitte, Rodolfo Gil y Norma Agüero.
Ahora será la Legislatura Provincial la encargada de avanzar con las designaciones y poner en marcha una estructura que tendrá presencia en las tres ciudades de Tierra del Fuego.
Las propuestas para cada ciudad
Para ocupar el cargo de Defensora Provincial, con asiento en Ushuaia, la Comisión propuso a:
- Sabrina Marcucci, con 80 puntos.
- Andrea Reinozo, con 71,50 puntos.
- Laura Rojas, con 63,50 puntos.
Para la Defensoría Adjunta de Río Grande, fueron elevadas las postulaciones de:
- Verónica Facio, con 74 puntos.
- Claudia Casabene, con 70 puntos.
En este caso, no fue posible conformar una terna, ya que fueron las únicas dos postulantes de Río Grande que completaron todas las instancias previstas en el proceso de selección.
Para la Defensoría Adjunta con asiento en Tolhuin, la propuesta quedó integrada por:
- Abigail Astrada, con 71,50 puntos.
- Noelia Flores Laffitte, con 58,50 puntos.
- Norma Agüero, con 52,50 puntos.
Por su parte, Rodolfo Gil, pese a haber ocupado el octavo lugar en el orden general con 52,75 puntos, quedó fuera de las propuestas elevadas. El motivo es que finalizó en el cuarto lugar entre los postulantes correspondientes a Ushuaia, ciudad para la cual sólo se elevaron los tres mejores puntajes.
De 63 inscriptos a las propuestas finales
El proceso de selección atravesó varias instancias antes de llegar a esta etapa.
El concurso comenzó con 63 personas inscriptas. Luego de la evaluación de admisibilidad y la resolución de los recursos presentados, quedaron 19 postulantes habilitados.
De ellos, 17 se presentaron al examen escrito y 16 lograron aprobarlo. Finalmente, durante la audiencia pública, última instancia del concurso, 12 postulantes expusieron sus propuestas y antecedentes.
Con el proceso de evaluación concluido, la Comisión elevó las candidaturas a la Legislatura, que deberá realizar las designaciones mediante resolución.
Las autoridades designadas ejercerán sus funciones durante cinco años y podrán ser reelegidas por un único período consecutivo.
Un organismo independiente para la protección de las infancias
La creación de la Defensoría busca incorporar una nueva institución al sistema provincial de protección de derechos.
El organismo será independiente de los tres poderes del Estado y contará con autonomía funcional. Su misión principal será la protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con capacidad para intervenir cuando organismos públicos o privados no brinden respuestas suficientes frente a situaciones de vulneración.
Entre sus atribuciones, la Defensoría podrá investigar problemáticas que afecten a las infancias y adolescencias, requerir acciones a organismos públicos, efectuar denuncias administrativas, policiales o judiciales y desarrollar tareas de capacitación, promoción y difusión de derechos.
Los organismos públicos y privados estarán obligados a colaborar con los requerimientos que formule la institución.
La estructura estará encabezada por una Defensora con asiento en Ushuaia, acompañada por dos Defensorías Adjuntas en Río Grande y Tolhuin, además de un equipo interdisciplinario.
También deberá presentar dos informes anuales en los que se detalle la actividad desarrollada y los resultados alcanzados.
Salarios, incompatibilidades y recursos propios
La Ley Provincial N° 1466 también establece el régimen de funcionamiento y financiamiento de las futuras autoridades.
Quien ocupe el cargo de Defensora Provincial percibirá una remuneración equivalente a la de un ministro del Poder Ejecutivo Provincial. En tanto, los dos Defensores Adjuntos recibirán, cada uno, una remuneración equivalente al 85% del haber correspondiente a la titular del organismo.
Los cargos serán incompatibles con cualquier otra actividad pública, comercial o profesional, con excepción del ejercicio de la docencia.
La Defensoría contará, además, con recursos propios asignados a través de la Ley de Presupuesto provincial. Su financiamiento podrá complementarse con donaciones, legados y subsidios.
La norma también prevé la posibilidad de incorporar un porcentaje de los recursos provenientes, en el marco de la responsabilidad social empresaria, de contratos de concesión para la explotación de hidrocarburos y energías renovables en los que la Provincia sea parte. El porcentaje correspondiente deberá ser determinado.
Con las propuestas ya elevadas, el proceso iniciado para conformar este organismo entra ahora en su instancia política e institucional definitiva.
La Legislatura tendrá la responsabilidad de seleccionar a quienes ocuparán por primera vez los cargos de una institución creada para intervenir en uno de los ámbitos más sensibles del Estado: la protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La decisión que adopten los legisladores no sólo definirá los primeros nombres al frente de la Defensoría. También marcará el inicio concreto de un organismo que, casi cuatro años después de la sanción de la ley que le dio origen, deberá comenzar a construir su presencia y su capacidad de intervención en toda la provincia.
