Martín Perez cuestionó el anuncio de Milei sobre Malvinas: “El arraigo también forma parte de la soberanía”

Mientras buena parte de la dirigencia política fueguina optó por la cautela frente al último anuncio del presidente Javier Milei sobre la cuestión Malvinas, el intendente de Río Grande, Martín Perez, en el marco de su campaña política hacia la gobernación fueguina, eligió confrontar públicamente con el discurso presidencial. Desde su cuenta de X, cuestionó con dureza lo que considera una contradicción entre las declaraciones del Gobierno nacional en torno a la soberanía y las decisiones concretas adoptadas durante su gestión.

Perez sostuvo que, a poco más de un año de las elecciones legislativas y en la antesala del ciclo electoral de 2027, Milei intenta modificar su posicionamiento frente a la cuestión Malvinas después del impacto político que tuvo su polémica actitud durante el partido de la Selección Argentina frente a Inglaterra.

Según el intendente, se trata de una estrategia destinada a moderar el costo político de un Gobierno que, a su entender, mantuvo una política de acercamiento con sectores británicos vinculados a los recursos naturales del Atlántico Sur.

“Después volverá el Javier Milei de siempre, o peor”, planteó Perez, en una crítica que apuntó también a la histórica admiración del Presidente por Margaret Thatcher y a distintas decisiones adoptadas en materia de Defensa e infraestructura estratégica.

Pero el planteo del intendente no quedó limitado a las declaraciones presidenciales. Perez buscó poner el foco en hechos concretos que, según su mirada, permiten medir la distancia entre el discurso de soberanía y las políticas implementadas en Tierra del Fuego.

Uno de los puntos centrales de su cuestionamiento está relacionado con la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las Islas Malvinas. Durante la actual gestión nacional, señaló, el proyecto Sea Lion avanzó hacia una etapa decisiva: tomó la decisión final de inversión, cerró su financiamiento y comenzó a transitar el camino hacia el desarrollo.

El intendente también recordó los antecedentes de las empresas involucradas. Navitas había sido declarada ilegal e inhabilitada por 20 años en 2022 por su participación en el proyecto, mientras que Rockhopper había recibido una sanción similar en 2013.

Para Perez, esos antecedentes adquieren especial relevancia cuando se los contrasta con el discurso oficial sobre la defensa de la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

La misma contradicción, sostuvo, aparece en materia de infraestructura estratégica. La Base Naval Integrada de Ushuaia, una obra considerada clave para fortalecer la presencia argentina en el extremo sur, comenzó en 2022 pero durante la actual gestión nacional quedó paralizada.

En paralelo, Tierra del Fuego atraviesa una fuerte contracción de su estructura industrial. El dato que expuso Perez es contundente: en 2023 había 11.282 trabajadores industriales en la provincia y en 2026 quedan 6.680. Son 4.602 puestos de trabajo menos, lo que representa una caída del 40,8%.

La discusión sobre soberanía, entonces, deja de ser solamente territorial. En la mirada del intendente de Río Grande, también se juega en la capacidad de la provincia para sostener población, producir, generar empleo y garantizar una presencia argentina permanente en el extremo sur.

A esa situación se sumaron decisiones nacionales como la eliminación del arancel para celulares importados y la reducción a cero de los aportes obligatorios al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), medidas que impactan sobre el entramado industrial fueguino y sobre las herramientas diseñadas para avanzar en la diversificación de la economía provincial.

En Río Grande, donde la industria electrónica y autopartista forma parte de la identidad económica y social de la ciudad, los números tienen una dimensión que excede las estadísticas.

Detrás de cada puesto de trabajo que desaparece hay una familia que pierde ingresos, un proyecto de vida que se posterga, una vivienda que puede dejar de ser sostenible y, en muchos casos, una persona que evalúa abandonar la provincia en busca de oportunidades.

Por eso, para Perez, el concepto de soberanía no puede reducirse a una consigna vinculada exclusivamente con Malvinas. También implica garantizar las condiciones para que miles de argentinos puedan vivir y trabajar de manera permanente en Tierra del Fuego.

“El arraigo también forma parte de la soberanía”, resumió.

La definición plantea una discusión de fondo: qué significa defender la soberanía en una provincia que ocupa una posición estratégica frente al Atlántico Sur y la Antártida.

Desde esa perspectiva, industria, empleo, ciencia, infraestructura, logística y población permanente dejan de ser cuestiones aisladas y pasan a formar parte de una misma política de Estado.

Tierra del Fuego necesita industria para producir, trabajo para sostener a sus familias, ciencia para desarrollar conocimiento, infraestructura para conectar su territorio, logística para garantizar su integración y población permanente para consolidar su presencia argentina.

Para el intendente de Río Grande, esa es la verdadera discusión que debería acompañar cualquier anuncio presidencial sobre Malvinas: no solamente qué se dice sobre la soberanía, sino qué decisiones se toman todos los días para sostenerla.