El Gobierno denunciará a empresas vinculadas a la explotación petrolera en Malvinas
La Casa Rosada anunció acciones legales contra cinco compañías vinculadas a proyectos hidrocarburíferos en las Islas y ordenó priorizar en el Presupuesto 2027 la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. La medida se suma al paquete de iniciativas anunciado por Javier Milei para reforzar el reclamo argentino de soberanía y frenar el avance del proyecto Sea Lion.
El Gobierno nacional anunció este lunes que denunciará a empresas vinculadas con proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en una nueva ofensiva administrativa y judicial destinada a cuestionar las actividades autorizadas por el Reino Unido en el territorio ocupado.
La denuncia alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Según informó el Ejecutivo, las tres primeras compañías “presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido” para operar en las islas, situación que, de acuerdo con la interpretación oficial, violaría las disposiciones de la Ley 26.659.
La presentación también alcanza a sus accionistas y a quienes hayan intervenido en las operaciones en carácter de directores, gerentes, síndicos, administradores, mandatarios, representantes o autorizados.
Desde la Casa Rosada señalaron que la medida busca “proteger los recursos naturales y velar por la soberanía” argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, considerados parte integrante del territorio nacional.
En paralelo, el presidente Javier Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice en el proyecto de Presupuesto 2027 los recursos destinados al desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos considerados estratégicos para la seguridad nacional.
El proyecto Sea Lion, en el centro de la disputa
El anuncio se produce pocos días después de la cadena nacional en la que Milei presentó un paquete de medidas diplomáticas, administrativas y legislativas destinadas a reforzar el reclamo argentino y frenar el avance de proyectos hidrocarburíferos en Malvinas, especialmente el denominado Sea Lion.
El Presidente había advertido entonces sobre el avance del proyecto operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration y aseguró que la explotación offshore podría comenzar en los próximos meses.
“Hemos logrado determinar que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, tiene fecha para iniciar la explotación petrolera offshore en algún momento de los próximos meses”, había señalado.
En ese contexto, Milei sostuvo que, si la Argentina no actúa con “firmeza y celeridad”, el Reino Unido podría alcanzar en poco tiempo la capacidad material para explotar las reservas de petróleo existentes bajo el mar.
El mandatario también remarcó que Sea Lion no constituye el único proyecto en desarrollo y que existen otras empresas y emprendimientos vinculados con la exploración de hidrocarburos en las islas.
Entre las medidas anunciadas previamente se encuentran una reforma de la Ley 26.659, el endurecimiento de sanciones para empresas y proveedores que operen sin autorización argentina y el envío al Congreso de un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego forma parte de ese mismo esquema. Para el Gobierno nacional, el fortalecimiento de las capacidades militares y logísticas en el extremo sur constituye una herramienta estratégica frente a la disputa por Malvinas, el Atlántico Sur y sus recursos naturales.
Con la nueva denuncia, el Ejecutivo busca trasladar el reclamo de soberanía también al terreno judicial y económico, apuntando directamente contra las empresas que participan de proyectos hidrocarburíferos en las islas.
La Casa Rosada aseguró que continuará impulsando las acciones que considere necesarias para evitar que queden impunes actividades que, según su posición, vulneran los derechos soberanos argentinos, y presentó el conjunto de medidas como parte de una política integral destinada a defender el territorio y los recursos estratégicos del país.