AMIA: La Justicia procesó a ocho altos mandos iraníes y libaneses y calificó el atentado como crimen de lesa humanidad

A más de tres décadas del atentado que estremeció a la Argentina, la causa por el ataque contra la sede de la AMIA vuelve a ocupar un lugar central en los tribunales. El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho altos mandos iraníes y libaneses a quienes atribuyó distintos niveles de responsabilidad en la planificación, organización y ejecución del ataque terrorista ocurrido el 18 de julio de 1994.

La resolución reconstruye el atentado y sostiene que la decisión de llevarlo adelante fue adoptada en agosto de 1993 por las máximas instancias del régimen iraní. De acuerdo con la investigación, la operación fue posteriormente encomendada a Hezbollah, organización de origen libanés vinculada a Irán, que habría desplegado una estructura de apoyo regional y local para concretar el ataque.

El atentado contra la mutual judía provocó 85 muertes, dejó 151 personas heridas y ocasionó importantes daños materiales. Para Rafecas, se trató de un ataque planificado desde las más altas estructuras del poder iraní y ejecutado mediante una compleja red operativa.

Entre los principales procesados se encuentran Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia de Irán; Alí Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, quien se desempeñaba como comandante de la fuerza Al Quds de la Guardia Revolucionaria.

Según el juez, los cuatro tuvieron participación en la decisión y organización del atentado desde las posiciones que ocupaban dentro de las estructuras del régimen iraní. La resolución sostiene que sus acciones posibilitaron que los responsables que actuaron en territorio argentino pudieran llevar adelante la operación.

A ellos se sumaron Hadi Soleimanpour, exembajador de Irán en la Argentina; Mohsen Rabbani, referente religioso fundamentalista que residía en Buenos Aires y se desempeñaba como consejero cultural de la Embajada iraní; y Ahmad Asghari, exagente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

Los tres fueron procesados en calidad de “cómplices necesarios”, al considerar el magistrado que realizaron aportes esenciales para la concreción del plan criminal desde el ámbito diplomático y mediante la estructura local vinculada al régimen iraní.

La resolución también alcanza a Salman Raouf Salman, conocido también como Samuel El Reda, integrante de Hezbollah de origen libanés. Rafecas le atribuyó responsabilidad en la coordinación de la etapa final de la operación que terminó con la explosión frente a la AMIA.

En cambio, el magistrado dictó la falta de mérito para Abdallah Salman y Hussein Mouzannar, mientras que no analizó la situación procesal de figuras que ya fallecieron, entre ellas el líder supremo iraní Alí Khamenei, el dirigente de Hezbollah Imad Mughniyeh y el libanés vinculado a esa organización Alí Hussein Abdallah.

La camioneta y los explosivos

Uno de los aspectos reconstruidos en detalle por la resolución judicial es la preparación del vehículo utilizado en el ataque.

De acuerdo con la investigación, los responsables adquirieron una camioneta Renault Trafic el 10 de julio de 1994. El vehículo habría sido acondicionado con aproximadamente 300 kilogramos de amonal y TNT y quedó preparado para ser utilizado en el atentado.

El 15 de julio fue dejado en un estacionamiento ubicado a unas cuatro cuadras de la sede de la AMIA. Allí permaneció hasta el 18 de julio, cuando fue trasladado hacia el objetivo.

La explosión se produjo durante la mañana, en un horario de gran concurrencia en el edificio. El resultado fue devastador: decenas de personas murieron y más de un centenar resultaron heridas, en uno de los atentados terroristas más graves de la historia argentina.

Un proceso que avanza aun con los acusados prófugos

Los procesamientos fueron posibles a partir de la aplicación del régimen de juicio en ausencia, establecido por la Ley 27.784. Esta herramienta permite avanzar en determinadas etapas del proceso penal cuando los acusados permanecen prófugos fuera del país, garantizando su representación mediante un defensor y preservando las restantes garantías del debido proceso.

De esta manera, la decisión de los imputados de permanecer fuera del alcance de la Justicia argentina dejó de constituir un obstáculo absoluto para que el expediente avance y para que el magistrado valore las pruebas reunidas.

La resolución se apoyó, entre otros elementos, en el trabajo desarrollado durante años por la UFI AMIA, que permitió reconstruir la estructura que habría intervenido en la planificación y ejecución del atentado.

Lesa humanidad y genocidio

Uno de los puntos de mayor trascendencia jurídica del fallo es la calificación de los hechos. Rafecas consideró que el atentado constituye un crimen de lesa humanidad y también encuadró los hechos dentro de la figura de genocidio, conforme a los términos del Derecho internacional.

La imputación contempla homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por la utilización de un medio capaz de provocar un peligro común. También incluye el delito de daño agravado por motivos discriminatorios.

La resolución sostiene además que el ataque contra la AMIA habría formado parte de una operación más amplia contra objetivos vinculados con la comunidad judía.

La conexión con el atentado de Panamá

En ese contexto, Rafecas vinculó el atentado contra la AMIA con otro ataque ocurrido al día siguiente en Panamá.

El 19 de julio de 1994, una explosión provocada por un pasajero suicida a bordo de un avión de línea provocó la muerte de sus tres tripulantes y 17 pasajeros. Doce de las víctimas pertenecían a la comunidad judía panameña.

La investigación judicial argentina sostiene que ambos hechos estuvieron coordinados y que, cuatro días después, fueron reivindicados conjuntamente por Hezbollah desde El Líbano, mediante la utilización de la denominación de cobertura “Ansar Allah”.

La causa por el ataque ocurrido en Panamá continúa abierta en ese país y mantiene intercambio de información con la investigación argentina.

La posible conexión con el atentado a la Embajada de Israel

Rafecas también dispuso dar intervención a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de la posible conexidad entre la causa AMIA y el expediente que investiga el atentado contra la Embajada de Israel ocurrido en Buenos Aires en 1992.

La hipótesis, de acuerdo con el dictamen de la UFI AMIA encabezada por el fiscal Sebastián Basso, apunta a que ambos atentados habrían sido ejecutados por Hezbollah.

La eventual conexión entre ambos expedientes podría abrir una nueva instancia de análisis sobre la estructura operativa que habría actuado en los dos ataques y sobre los vínculos entre las investigaciones.

Embargos millonarios y el camino hacia el juicio oral

Además de los procesamientos, el juez Rafecas dispuso embargos por 500 millones de dólares para cada uno de los procesados, como parte de las medidas patrimoniales asociadas a la causa.

La resolución todavía puede ser apelada por la Defensa Oficial, a cargo de Hernán Silva. Si los procesamientos son confirmados por las instancias superiores, el expediente avanzará hacia una nueva etapa: el traslado a la Fiscalía, las querellas y la Defensa para luego definir la elevación a juicio oral.

El objetivo final es que la causa llegue a uno de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal.

Así, a más de 32 años del atentado, la investigación vuelve a ingresar en una etapa decisiva. El fallo no solo busca determinar responsabilidades individuales por el ataque que destruyó la sede de la AMIA, sino también reconstruir la cadena de decisiones y estructuras que, según la Justicia, hicieron posible uno de los atentados terroristas más graves ocurridos en la Argentina.