Presupuesto 2027: los cambios que encendieron la alarma por la Ley de Emergencia en Discapacidad
El proyecto de Presupuesto enviado al Congreso propone modificar artículos centrales de la Ley 27.793, vigente hasta fines de 2026. La oposición advierte que los cambios podrían fragmentar el sistema de prestaciones, alterar el esquema de aranceles y modificar las condiciones de acceso y continuidad de las pensiones por discapacidad. El Gobierno, en tanto, sostiene que busca ordenar y hacer sostenible el sistema.
La presentación del proyecto de Presupuesto 2027 abrió un nuevo frente de discusión política y social alrededor de la discapacidad. En el centro de la controversia quedó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, cuya vigencia llega hasta el 31 de diciembre de 2026 y cuya prórroga es impulsada por sectores de la oposición.
El debate no se limita al financiamiento previsto para el próximo ejercicio. Una parte de la discusión gira alrededor de los cambios que el proyecto presupuestario propone introducir sobre normas que regulan las prestaciones, los aranceles y las pensiones no contributivas.
Desde la oposición cuestionaron especialmente las modificaciones incluidas en distintos artículos del proyecto y advirtieron que, de aprobarse tal como fueron presentadas, podrían modificar el funcionamiento actual del sistema de atención y protección de las personas con discapacidad.
El arancel único, en el centro de la discusión
Uno de los puntos que generó mayor preocupación está relacionado con el nomenclador y los valores de las prestaciones.
La normativa vigente establece que los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad deben ser iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la ley y contempla su actualización conforme al mecanismo de movilidad previsional. También dispone la realización de estudios de costos para considerar aquellos componentes que no queden reflejados por el Índice de Precios al Consumidor.
El proyecto de Presupuesto plantea modificar ese esquema.
Según explicó el diputado Juan Marino, vicepresidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, la nueva redacción terminaría con el criterio de un nomenclador con valores homogéneos para todo el sistema y permitiría que obras sociales, empresas de medicina prepaga y distintas jurisdicciones establezcan condiciones diferenciadas.
Para el legislador de Unión por la Patria, ese cambio podría generar una negociación fragmentada entre prestadores y financiadores y ejercer presión sobre los valores de las prestaciones.
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, expresó una interpretación similar. Según planteó, el esquema propuesto permitiría que cada obligado determine los valores en su relación con los prestadores.
La discusión adquiere especial relevancia porque los aranceles constituyen uno de los pilares económicos del sistema de prestaciones básicas. De hecho, el Gobierno nacional acaba de disponer una actualización del 1,70% para septiembre de 2026, calculada sobre la variación del IPC de agosto, y mantuvo un adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en la Patagonia.
¿Qué pasaría con la actualización?
Otro de los aspectos cuestionados está relacionado con el mecanismo de actualización automática de los valores.
La normativa vigente establece que los aranceles se actualizan conforme al índice de movilidad de jubilaciones, pensiones y asignaciones. Además, contempla un estudio anual de costos destinado a incorporar aumentos de componentes que no hayan sido reflejados por el IPC.
La oposición sostiene que el proyecto presupuestario reemplazaría esa regla objetiva por un esquema diferente, en el que no existiría un valor universal para todo el sistema.
Para Marino, esto generaría mayor incertidumbre para prestadores y personas que dependen de las prestaciones. Ferraro, por su parte, cuestionó que para el Estado nacional se contemple una determinación periódica de los aranceles sin establecer, según su interpretación, un índice de actualización equivalente al vigente.
El vínculo entre pensión y trabajo
Otro de los puntos que generó fuertes cuestionamientos está relacionado con la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan trabajar y, al mismo tiempo, conservar una pensión dentro de determinados límites de ingresos.
Según la interpretación opositora del proyecto, la modificación eliminaría la compatibilidad actualmente prevista para quienes desarrollan una actividad registrada o se encuentran inscriptos como monotributistas y perciben ingresos dentro de determinados parámetros.
Marino advirtió que, bajo el esquema propuesto, una persona que consiga un empleo registrado podría perder la pensión, incluso si se trata de una actividad de pocas horas.
El legislador también cuestionó la eliminación de mecanismos que permitirían suspender temporalmente el beneficio durante una relación laboral y recuperarlo posteriormente.
Para la oposición, ese cambio podría generar un efecto contrario al buscado: que personas con discapacidad opten por permanecer en la informalidad para evitar perder un ingreso que constituye una parte importante de su sustento.
El estudio de costos también queda bajo la lupa
La controversia alcanza además al mecanismo destinado a evaluar cuánto cuesta realmente cada prestación.
La Ley 24.901, modificada por la Ley 27.793, contempla un estudio de costos de cada prestación para considerar aumentos de determinados componentes que pueden no quedar reflejados en el IPC.
Ese instrumento resulta particularmente relevante para actividades cuyos costos dependen de factores específicos, como transporte, rehabilitación, atención terapéutica y prestaciones profesionales.
Desde la oposición señalaron que su eliminación o modificación podría dificultar que los aranceles acompañen la evolución real de determinados costos.
Marino utilizó como ejemplo el transporte de personas con discapacidad y sostuvo que los valores reconocidos actualmente no alcanzarían para cubrir los costos efectivos de mantenimiento y funcionamiento del servicio.
La definición de discapacidad, otro punto sensible
El proyecto también genera cuestionamientos por la modificación de las normas vinculadas con la definición de persona con discapacidad.
La legislación vigente remite expresamente a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporando una concepción basada en la interacción entre las condiciones de una persona y las barreras que pueden limitar su participación plena y efectiva en la sociedad.
La oposición advierte que modificar esa referencia podría otorgar mayor margen de decisión al Poder Ejecutivo para determinar los criterios de acceso y permanencia en determinados beneficios.
Desde ese sector sostienen que una eventual modificación de los requisitos podría derivar en una reducción de la cantidad de personas alcanzadas por las pensiones.
La cobertura de salud, en el centro de otra disputa
Otro de los artículos señalados por los legisladores opositores es el referido a la cobertura sanitaria de los titulares de pensiones no contributivas por discapacidad.
La Ley 27.793 creó la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y estableció mecanismos de acceso a un programa de atención médica que cubra las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901.
El Gobierno reglamentó posteriormente la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad mediante el Decreto 84/2026.
En este punto, la oposición sostiene que los cambios propuestos por el Presupuesto podrían debilitar el carácter legalmente exigible de determinadas coberturas para los titulares de pensiones.
Una discusión que excede al Presupuesto
La controversia aparece así como una discusión que va mucho más allá de una cuestión presupuestaria.
Por un lado, el Gobierno plantea la necesidad de ordenar el sistema, establecer mecanismos sostenibles de financiamiento y fortalecer los controles. El secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, sostuvo recientemente ante la Comisión de Discapacidad de Diputados que la prioridad oficial es garantizar las prestaciones y avanzar hacia un sistema transparente y sostenible.
Por otro lado, sectores de la oposición sostienen que las modificaciones incluidas en el proyecto podrían significar un retroceso respecto de derechos y mecanismos de protección establecidos por la legislación vigente.
La diferencia de posiciones también se refleja en el debate sobre la propia Ley 27.793. La norma declaró la emergencia nacional en discapacidad hasta diciembre de 2026 y estableció la posibilidad de prorrogarla por un año más.
Ahora, el Congreso deberá discutir no solamente cuánto dinero destinará el Estado a las políticas de discapacidad durante 2027, sino también qué modelo de prestaciones, actualización de aranceles y protección social quedará vigente a partir del próximo año.
El debate promete atravesar las comisiones parlamentarias y poner nuevamente en escena a prestadores, organizaciones de personas con discapacidad y familias que dependen de un sistema cuya estructura podría cambiar de manera significativa si las modificaciones propuestas son aprobadas.