Emergencia en Discapacidad: Araujo destacó cambios en el dictamen y reclamó garantías para los beneficiarios

El diputado nacional por Tierra del Fuego, Jorge “Koky” Araujo, destacó los avances incorporados al dictamen final del proyecto de Emergencia en Discapacidad y consideró que las modificaciones representan un paso importante para fortalecer los derechos de las personas con discapacidad, brindar mayor seguridad a sus familias y otorgar previsibilidad a los prestadores que sostienen la atención cotidiana.

El legislador puso el foco en una serie de cambios vinculados con el acceso a las pensiones, la inclusión laboral, la cobertura de salud, las garantías ante las auditorías y el financiamiento del sistema. Según sostuvo, se trata de medidas que buscan evitar que las dificultades administrativas o presupuestarias terminen convirtiéndose en obstáculos para quienes necesitan acompañamiento y prestaciones esenciales.

“Detrás de cada pensión, de cada tratamiento y de cada prestación hay una persona, una familia y una realidad que el Estado tiene la obligación de proteger. No estamos discutiendo solamente partidas presupuestarias: estamos hablando de derechos, de dignidad y de igualdad de oportunidades”, afirmó Araujo.

Pensiones, trabajo y cobertura de salud

Entre los puntos que consideró más relevantes, el diputado destacó que los requisitos para acceder a las pensiones quedan establecidos por ley, con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como requisito legal, lo que limita la posibilidad de que nuevas exigencias reglamentarias restrinjan el acceso a ese derecho.

También resaltó la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el desarrollo de una actividad laboral formal o bajo el régimen de monotributo, dentro de los límites previstos en el texto. Para Araujo, esta modificación representa una señal favorable a la inclusión laboral, al evitar que el acceso al empleo se convierta en un riesgo para la continuidad de una prestación necesaria para la autonomía personal.

“Trabajar no debe convertirse en una condena a perder definitivamente una prestación esencial para la autonomía personal”, sostuvo.

Otro de los aspectos destacados es la garantía de cobertura de las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901, tanto para quienes perciben pensiones por discapacidad como para los titulares de pensiones por invalidez laboral. El objetivo, señaló el legislador, es impedir que la situación administrativa de una persona se traduzca en una barrera para acceder a la atención que necesita.

El dictamen también incorpora mayores resguardos frente a las auditorías. Según explicó Araujo, no podrá disponerse la suspensión preventiva de una pensión antes de que venza el plazo establecido para presentar el descargo correspondiente. De esta manera, se busca fortalecer el derecho de defensa y evitar que una decisión administrativa prive anticipadamente a una persona de un ingreso indispensable.

Financiamiento y deudas con los prestadores

En materia presupuestaria, Araujo valoró la identificación de partidas específicas para financiar las medidas previstas, la responsabilidad del Tesoro nacional de cubrir los recursos adicionales necesarios y la obligación de preservar el ingreso por beneficiario en términos reales.

A estos puntos se suma, de acuerdo con el legislador, la ratificación de la actualización automática de los aranceles y el establecimiento de plazos para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores.

El diputado advirtió que la sostenibilidad del sistema no depende únicamente del reconocimiento formal de los derechos, sino también de la disponibilidad efectiva de recursos para garantizar tratamientos, servicios y acompañamiento. En ese sentido, remarcó que las dificultades financieras impactan directamente sobre las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan con ellas.

“Una política de discapacidad no puede sostenerse con anuncios, promesas ni respuestas discrecionales. Necesitamos derechos reconocidos, recursos suficientes y obligaciones que el Estado deba cumplir. También necesitamos prestadores que puedan trabajar con previsibilidad, porque cuando el sistema se desfinancia, quienes terminan pagando las consecuencias son las personas con discapacidad y sus familias”, expresó.

Cuestionamientos al Presupuesto 2027

Uno de los principales planteos de Araujo estuvo dirigido a las disposiciones que el Poder Ejecutivo había propuesto incorporar al Capítulo VI del proyecto de Presupuesto 2027, orientadas a derogar la Ley 27.793 y modificar aspectos centrales del sistema de pensiones, la cobertura de salud, la compatibilidad laboral y la actualización de aranceles.

Frente a esa iniciativa, el legislador destacó que el dictamen final adopta una orientación diferente en esos puntos, al preservar la continuidad de la ley, mantener la conversión de oficio de las pensiones y reforzar las garantías para los beneficiarios.

Bajo el título “Derechos que no pueden quedar a merced de un decreto”, Araujo planteó que las políticas destinadas a las personas con discapacidad deben contar con estabilidad normativa, financiamiento y mecanismos que impidan retrocesos en las prestaciones reconocidas.

“Consideramos que el Estado no puede retroceder en derechos que protegen a los sectores que más acompañamiento necesitan. La discapacidad no puede ser tratada como una variable de ajuste ni sus políticas quedar sujetas a decisiones cambiantes. La responsabilidad pública exige continuidad, financiamiento y respeto por la dignidad humana”, afirmó.

Asimismo, destacó que las modificaciones incorporadas al dictamen recogen reclamos sostenidos por organizaciones representativas del colectivo de la discapacidad, prestadores y distintos espacios institucionales. Para el diputado, esa participación resulta fundamental para que las decisiones legislativas contemplen las dificultades concretas que atraviesan quienes utilizan y sostienen el sistema.

El reclamo al Gobierno nacional

En el tramo final de su pronunciamiento, Araujo insistió en que la defensa de los derechos de las personas con discapacidad debe traducirse en medidas concretas y en el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado.

“Defender a las personas con discapacidad es defender su derecho a vivir con dignidad, recibir atención, acceder al trabajo y desarrollar un proyecto de vida con autonomía. Nuestra responsabilidad es construir un Estado presente, que acompañe, garantice derechos y no abandone a nadie. Ese es el compromiso que debemos sostener”, sostuvo.

Finalmente, reclamó que el Gobierno nacional cumpla con la ley y respete los derechos que esta consagra. En ese marco, trazó un paralelismo con la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionó lo que considera una falta de cumplimiento de las obligaciones legales por parte del Ejecutivo.

“Esperamos que el Gobierno cumpla con la ley y respete los derechos que esta consagra, en lugar de repetir lo que está haciendo con la Ley de Financiamiento Universitario. Porque un Gobierno que incumple las leyes no solo vulnera derechos, sino que también da un pésimo ejemplo a la sociedad, a la que le exige cumplir con sus obligaciones. La ley debe ser igual para todos”, concluyó.

Las declaraciones del diputado se producen en el marco del debate sobre el alcance de la emergencia en discapacidad, una discusión que involucra no solo la continuidad de las pensiones y las prestaciones, sino también el financiamiento del sistema y la responsabilidad del Estado de garantizar derechos.