El Gobierno disolvió el IOSFA y ATE anunció una profundización del conflicto por los despidos

La disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores estatales. A través del Decreto 1286/2026, publicado este miércoles, la administración de Javier Milei oficializó el cierre del organismo y avanzó con una reorganización que contempla la transferencia de parte del personal, la eliminación de contratos y la revisión de las estructuras laborales existentes.

La decisión generó un inmediato rechazo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que anunció que profundizará las medidas de fuerza en defensa de los puestos de trabajo y de la cobertura sanitaria de los afiliados. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la política de ajuste del Ejecutivo y sostuvo que el cierre del IOSFA representa un nuevo retroceso en la estructura estatal.

“Esto no es motosierra, es perversión y odio al Estado”, afirmó el dirigente sindical, quien advirtió que la reorganización podría dejar a cientos de trabajadores sin empleo y afectar el funcionamiento de una institución vinculada a la atención médica del personal militar y de otras fuerzas comprendidas en su cobertura.

ATE denuncia despidos y cuestiona el rumbo del Gobierno

Aguiar aseguró que la disolución del organismo dejaría a 1.450 trabajadores en la calle y comparó el proceso con otras decisiones adoptadas por la administración nacional, entre ellas las que involucraron a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En un tono crítico, el titular de ATE cuestionó lo que considera una contradicción entre el discurso oficial de reconocimiento a las Fuerzas Armadas y las medidas que afectan sus prestaciones de salud.

“Se sacan fotos con los uniformados, les hacen hacer de mozos en Olivos y después les cierran la obra social. Esto es odio a los trabajadores”, expresó. Y agregó: “Si a los que dicen que son sus héroes, los militares, los dejan sin salud, ¿qué nos queda a nosotros?”.

El dirigente también acusó al Ejecutivo de debilitar los organismos públicos para favorecer intereses privados. Según su interpretación, la reorganización del IOSFA responde a una estrategia para transferir la administración de las prestaciones a empresas privadas, una afirmación que atribuyó a las decisiones del Gobierno y que deberá contrastarse con los términos concretos de la nueva estructura.

“Este Gobierno destruye lo público para hacer caja con lo privado”, sostuvo Aguiar, quien cuestionó además el rumbo de la política de Defensa y afirmó que, bajo esa lógica, el área estaría siendo tratada como un negocio.

Qué pasará con los trabajadores del IOSFA

Uno de los puntos más sensibles de la medida es la situación de los aproximadamente 2.450 trabajadores que, según las cifras difundidas por el sindicato, integran la dotación del organismo.

De acuerdo con el detalle presentado por Aguiar, alrededor de 1.000 empleados pasarían a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), mientras que el resto quedaría sujeto a distintas modalidades de desvinculación o revisión laboral. El dirigente precisó que 450 trabajadores serían declarados en disponibilidad y que otros 1.000 contratos serían eliminados.

El decreto, según la información difundida, establece que las nuevas estructuras conservarán al personal que consideren necesario, mientras que la situación de quienes no sean transferidos será evaluada de acuerdo con su condición laboral.

La aplicación de estas disposiciones será determinante para conocer el alcance efectivo de la reducción de personal. Por el momento, las cifras difundidas por ATE describen el impacto que el sindicato atribuye a la medida y deberán contrastarse con las nóminas y decisiones administrativas que se adopten durante la implementación.

“De los 2.450 trabajadores que tienen en total, 1.000 pasarían a la OSFA y el resto serían desvinculados”, advirtió Aguiar. “No podemos permitir que queden trabajadores en la calle y sin salud”, agregó, al anticipar que las protestas se intensificarán durante las próximas horas.

Reorganización de la cobertura médica y cierre de farmacias

La reorganización también contempla cambios en el funcionamiento operativo del sistema sanitario. Según el detalle difundido, el Gobierno dispuso el cierre de más de 30 farmacias pertenecientes a la red del IOSFA y estableció un límite del 8% de los recursos para gastos administrativos, con el objetivo declarado de destinar más del 80% a la cobertura médica.

Además, las tareas pendientes del organismo pasarán a depender del Ministerio de Defensa, mientras que los efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina que prestaban servicios en comisión dentro del IOSFA deberán regresar a sus respectivas fuerzas de origen.

Estos cambios plantean interrogantes sobre la continuidad de las prestaciones, la distribución de los servicios y la capacidad de atención de los afiliados durante la transición hacia la nueva estructura. El cierre de las farmacias, en particular, podría obligar a revisar los mecanismos de acceso a medicamentos en las localidades donde esas dependencias cumplían una función asistencial.

El alcance de las modificaciones dependerá de cómo se instrumenten las transferencias, qué servicios queden operativos y qué alternativas se dispongan para garantizar la atención de los beneficiarios.

Un nuevo frente de conflicto para la gestión de Milei

La disolución del IOSFA se incorpora a una serie de decisiones de reorganización estatal que vienen generando enfrentamientos con los sindicatos del sector público. Para ATE, el conflicto no se limita a la pérdida de puestos laborales: también compromete la continuidad de prestaciones sanitarias destinadas a integrantes de las Fuerzas Armadas y de otras fuerzas de seguridad.

Aguiar responsabilizó al Gobierno por las consecuencias que, según advirtió, tendrá el proceso sobre los trabajadores y los afiliados. También cuestionó la posibilidad de que la administración de las prestaciones quede en manos de empresas privadas, al denunciar un supuesto beneficio para dos gerenciadoras.

El dirigente concluyó que el sindicato profundizará las medidas de fuerza frente al avance de la reorganización. Así, la implementación del decreto abre un escenario de disputa que tendrá como ejes el futuro laboral del personal, la continuidad de la atención médica y el modelo de gestión que reemplazará al IOSFA.

Mientras el Gobierno avanza con la nueva estructura, ATE anticipa resistencia sindical y reclama garantías para evitar despidos y asegurar la cobertura sanitaria. La evolución del conflicto dependerá tanto de las decisiones administrativas que se adopten como de la respuesta oficial a los cuestionamientos de los trabajadores.