Puerto de Ushuaia: la Justicia autorizó inspecciones ambientales tras reiteradas trabas al ingreso de inspectores
El juez subrogante Sergio Pepe habilitó a personal de la Secretaría de Ambiente a ingresar al predio portuario para verificar el almacenamiento de residuos peligrosos, posibles derrames y las condiciones de las instalaciones vinculadas con el agua. La medida se concretó este miércoles con apoyo de Prefectura y se enmarca en una investigación por impedimentos denunciados por la Provincia.
La Justicia provincial autorizó el ingreso de inspectores ambientales al Puerto de Ushuaia luego de que la Provincia denunciara reiterados impedimentos para realizar controles en el predio. La medida, dispuesta este miércoles 28 de octubre por el juez subrogante del Juzgado de Instrucción N.º 2 del Distrito Judicial Sur, Sergio Pepe, permitió que personal técnico de la Secretaría de Ambiente llevara adelante tareas de inspección, auditoría y fiscalización con apoyo de efectivos de la Prefectura Ushuaia.
La resolución habilita a los organismos provinciales competentes a constatar las condiciones de almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos, verificar la posible existencia de pérdidas o derrames y examinar el estado de las instalaciones vinculadas con el recurso hídrico. El objetivo es determinar las condiciones ambientales del área portuaria y comprobar, mediante inspecciones técnicas, los riesgos que habían sido advertidos por las autoridades provinciales.
El operativo abarcó nueve sectores e instalaciones, entre ellos el Muelle de Catamaranes, el Muelle Comercial, la Plazoleta Fiscal, el Taller Mecánico y los espacios destinados al almacenamiento de residuos. También quedaron comprendidas las áreas próximas a antiguos tanques de combustible, sectores de relleno, obras e infraestructura en contacto con el agua y sistemas de drenaje pluvial.
Los inspectores fueron autorizados a verificar la presencia de residuos peligrosos, sus condiciones de almacenamiento, clasificación y seguridad, además de buscar posibles indicios de contaminación. La orden también contempla controles sobre las condiciones ambientales relacionadas con la descarga de residuos provenientes de las bases antárticas argentinas y las actividades de las agencias marítimas que operan en el puerto.
La incertidumbre por los residuos peligrosos
Uno de los puntos centrales de la intervención es el destino de residuos peligrosos que, según un informe de gestión de 2025, permanecían almacenados temporalmente en instalaciones portuarias. Su retiro estaba previsto para enero de 2026, pero, de acuerdo con la información incorporada a las actuaciones judiciales, esa operación no habría podido concretarse.
La Secretaría de Ambiente manifestó que actualmente desconoce la cantidad, la ubicación y las condiciones en las que se encontrarían esos materiales. En contraposición, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) sostuvo que no existen residuos peligrosos dentro del predio.
Esta diferencia de información constituye uno de los aspectos que deberán esclarecerse mediante los controles autorizados. La resolución judicial, sin embargo, establece una distinción importante: los riesgos planteados por las autoridades provinciales no representan una constatación de contaminación ambiental, sino situaciones que deben ser verificadas a través de procedimientos técnicos.
La Provincia también puso el foco en la necesidad de sostener los controles durante la Campaña Antártica, especialmente entre octubre y abril, período en el que se desarrollan operaciones vinculadas con la recepción de residuos provenientes de las bases argentinas en el continente blanco.
Qué sectores podrán ser inspeccionados
La autorización judicial delimita expresamente los espacios y las tareas que podrá realizar el personal técnico. El magistrado fundamentó su decisión en el artículo 204 del Código Procesal Penal provincial y en las normas locales que reconocen las facultades de fiscalización de la autoridad ambiental.
El equipo autorizado está integrado por la secretaria legal del Ministerio de Producción y Ambiente, a cargo de la Secretaría de Ambiente, Lisi Cristófano; el director de Obras Hidráulicas y Fluviales, Miguel Hidalgo; el hidrólogo Sergio Müller; y la directora de Gestión Ambiental, Elizabeth Ruiz.
La resolución limita el alcance de la intervención a los sectores y procedimientos expresamente establecidos. En tanto, los requerimientos de documentación y los controles que no estén contemplados en la orden deberán tramitarse por las vías administrativas correspondientes.
Los antecedentes: cuatro impedimentos denunciados
La intervención judicial se originó en una denuncia presentada el 14 de octubre por la Fiscalía de Estado, que informó sobre las dificultades que habrían enfrentado los inspectores de la Secretaría de Ambiente para ingresar al puerto los días 25 de agosto, 1 y 17 de septiembre.
Posteriormente, el Ministerio de Producción y Ambiente comunicó un nuevo impedimento, ocurrido el 19 de octubre, y solicitó medidas que garantizaran el acceso del personal técnico para cumplir con sus tareas de fiscalización.
Ante esa situación, la Fiscalía de Estado requirió una autorización judicial para hacer efectivo el ejercicio de las facultades de control previstas en la legislación provincial. La decisión de Pepe permitió concretar el ingreso y realizar las inspecciones que habían sido solicitadas.
La investigación seguirá en la Justicia provincial
La orden de inspección se suma a otra resolución dictada por el juez el lunes 26 de octubre, cuando dispuso que la investigación continuara en el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Ushuaia, luego de que el Juzgado Federal de Garantías rechazara asumir la competencia y devolviera las actuaciones.
En ese expediente, el magistrado consideró necesario profundizar la investigación para establecer las circunstancias en las que se habría impedido el ingreso de los inspectores ambientales. También dejó abierta la posibilidad de revisar nuevamente la competencia judicial si surgieran elementos que lo justificaran.
En la misma resolución, ordenó notificar a Fernando Ariel Polizzi sobre los derechos y garantías que le corresponden en el marco de la investigación y reconoció a la Fiscalía de Estado como parte querellante.
Además, solicitó a la Secretaría de Ambiente que precisara las inspecciones requeridas, los sectores involucrados, los riesgos advertidos y los fundamentos legales de sus atribuciones de control. Con la información aportada por el organismo provincial, el juez resolvió autorizar el ingreso al puerto.
La inspección permitirá avanzar en la verificación de las condiciones ambientales denunciadas y aportar elementos concretos a la investigación judicial. El resultado de las tareas técnicas será clave para determinar si existen irregularidades en el manejo de residuos o situaciones que requieran medidas adicionales, sin que ello implique anticipar conclusiones sobre la existencia de contaminación.