La Provincia logró ingresar al Puerto de Ushuaia tras una medida judicial y realizó controles ambientales
Luego de reiteradas negativas de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, la Secretaría de Ambiente pudo inspeccionar el predio con auxilio judicial. El Gobierno provincial cuestionó los impedimentos para ejercer sus facultades de fiscalización y anticipó que solicitará la regularización del registro de generadores de residuos peligrosos.
El acceso al Puerto de Ushuaia volvió a quedar en el centro de la disputa institucional entre la Provincia y la administración nacional. Tras reiterados impedimentos para ingresar al predio, la Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente, logró realizar una inspección ambiental con intervención de la Justicia provincial, en una actuación que busca determinar las condiciones del establecimiento y establecer los requerimientos necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
La inspección se concretó luego de que la Justicia dispusiera una medida de auxilio judicial, a raíz de las dificultades denunciadas por las autoridades provinciales para acceder a las instalaciones. El procedimiento tuvo su origen en una presentación de la Fiscalía de Estado y en un informe elevado por la Secretaría de Ambiente ante el Juzgado de Instrucción N.º 2 del Distrito Judicial Sur, en el que se expusieron las negativas de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y un nuevo impedimento para desarrollar las tareas de fiscalización.
Para el Gobierno fueguino, lo ocurrido reviste especial gravedad, ya que considera que se obstaculizó el ejercicio de sus competencias ambientales en una infraestructura estratégica ubicada en territorio provincial. La imposibilidad de ingresar había limitado la capacidad de los equipos técnicos para verificar las condiciones del predio y evaluar eventuales riesgos ambientales.
La secretaria Legal del Ministerio de Producción y Ambiente, Lisi Cristófano, describió las dificultades que atravesaron desde el inicio de la intervención del puerto y sostuvo que las restricciones se profundizaron con el paso del tiempo. “Desde que sucedió la intervención, nosotros tuvimos muy imposibilitado el ingreso. En el último tiempo fue más sostenida la negativa”, explicó.
La funcionaria remarcó que la posibilidad de acceder al establecimiento permitió superar el principal obstáculo que enfrentaba el área ambiental: la falta de acceso directo para realizar las verificaciones correspondientes. “Lo más gravoso era no poder entrar. Habiendo ingresado, se pudo ver cuál es el nivel de riesgo”, señaló.
Los controles y los próximos pasos
Con la inspección concretada, las áreas técnicas de la Secretaría de Ambiente deberán elaborar los informes correspondientes y, a partir de sus conclusiones, notificar al Puerto los requerimientos necesarios. Entre las primeras medidas previstas figura el pedido de regularización del registro de generadores de residuos peligrosos, uno de los aspectos que formará parte del seguimiento ambiental del establecimiento.
La evaluación adquiere especial relevancia en el contexto de la temporada de cruceros, cuando el movimiento portuario se intensifica y las condiciones operativas requieren una atención particular. En ese sentido, Cristófano llevó tranquilidad al señalar que durante la recorrida no se detectó una situación que justificara la adopción de una medida inmediata por riesgo absoluto.
La secretaria Legal explicó que, de haberse identificado un escenario de esa magnitud, la Secretaría de Ambiente habría tenido la posibilidad de disponer una intervención urgente. Sin embargo, aclaró que ese no fue el caso y que ahora corresponderá avanzar con los informes técnicos y las notificaciones pertinentes.
Más allá de los resultados de la inspección, el episodio dejó expuesta una situación que las autoridades provinciales calificaron como inédita para el área ambiental: la imposibilidad de ingresar a un establecimiento público para ejercer las funciones de control que le competen.
“Nunca nos sucedió esto de no poder ingresar, menos a un establecimiento público. Esperamos que a partir de ahora esto se pueda normalizar”, concluyó Cristófano.
Con el acceso finalmente concretado, la Provincia buscará avanzar en la evaluación ambiental del Puerto de Ushuaia y en la regularización de los aspectos que surjan de los informes técnicos. Al mismo tiempo, la intervención judicial puso de relieve el conflicto generado por las restricciones al ingreso y la necesidad de restablecer las condiciones para que los organismos provinciales puedan desarrollar sus tareas de fiscalización.