Según la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacion, el desarme del radar en Tolhuin es responsabilidad de la provincia

El Senador Nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Daniel Blanco, informó hoy que recibió respuesta al pedido de acceso a la información pública que oportunamente remitiera a la Jefatura de Gabinete de Ministros encabezada por el Ingeniero Agustín Rossi. En la misma, el senador fueguino solicitaba información sobre diversos aspectos ligados a la habilitación y puesta en funcionamiento del radar de capitales irlandeses e ingleses de la empresa LeoLabs en las cercanías de Tolhuin.

Entre los requerimientos, Blanco preguntó si se había dispuesto alguna medida tendiente a investigar la conducta administrativa de los funcionarios y agentes involucrados que tomaron parte del proceso (por acción u omisión) y consecuente control de legalidad de la actividad del Estado y sus funcionarios.

Asimismo, el senador solicitó saber si, a criterio de esa dependencia, cabría responsabilidad resarcitoria por parte de la Nación o la provincia de Tierra del Fuego ante un eventual reclamo patrimonial que pudieran tener que enfrentar.

La documentación recibida por el Senador dice textualmente que “con el dictado de este acto administrativo (en referencia a la cancelación del permiso precario que se otorgó) se agota el ámbito de actuación de la Jefatura,teniendo en cuenta las competencias asignadas por el marco normativo vigente. En ese sentido, cabe destacar que nadie tiene un derecho adquirido al sostenimiento de un permiso precario, y que la Autoridad de Aplicación puede en cualquier momento sustituirlos, modificarlos o cancelarlos, total o parcialmente, sin que ello dé lugar a derecho de indemnización alguna a favor del autorizado o administrado”.

El documento de Jefatura de Gabinete agrega que “La cancelación total del permiso precario exige exclusivamente el apagado de la electrónica y las antenas, lo que fue inspeccionado y constatado por autoridades nacionales en oportunidad de la suspensión preventiva del permiso”.

Según Blanco “la respuesta recibida no hace más que confirmar lo que vengo sosteniendo desde el principio. Aquí –por lo menos a nivel nacional– nadie se hace responsable y nadie va a ser investigado o sumariado. Y resulta poco creíble que, con una simple desconexión eléctrica que pudo ser acotada en el tiempo, se pueda afirmar que el radar definitivamente no funciona o no está en condiciones de funcionar”.

Es más –agregó el senador– el documento que me llegó con la firma del Subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad, Hernán Lombardi, dice con todas las letras que “los asuntos relacionados con el desmonte físico de la estación terrena son de competencia exclusivamente provincial, tal como fueron siendo asignadas las autorizaciones ambientales, de obra, de provisión eléctrica e internet, como la constitución de la sociedad comercial en la I.G.J. fueguina. Todas estas autorizaciones fueron otorgadas con carácter previo a que la empresa solicite ante las autoridades nacionales la autorización precaria del uso del espectro. A su vez, se señala que la autorización precaria estaba condicionada a la homologación del equipamiento. Como esto último nunca llegó a ocurrir, el permiso no tuvo una vigencia efectiva y sólo fue hábil para pruebas de calibración, antes de la suspensión y posterior cancelación total”.

Blanco manifestó que “yo agradezco al Jefe de Gabinete que haya mandado a responder mis inquietudes que, entiendo, son de todos los fueguinos, y me quedan dos cosas en claro: la primera es que la jurisdicción nacional se lava las manos y le pasa la pelota a la provincia; la segunda es que el huevo de la serpiente lo pusieron algunos vivos con la complicidad absoluta de la administración pública fueguina”.

“Lo dije una y mil veces: no voy a parar hasta que el radar sea desmantelado por completo. Y según informa el Jefe de Gabinete esa es responsabilidad exclusiva del gobierno provincial quien fue el que le facilitó todo a LeoLabs para que pueda instalar este radar que es una afrenta para todos los fueguinos, un insulto a nuestros héroes de Malvinas y una amenaza material y concreta a nuestra seguridad y soberanía nacional”.

“Basta de hacerse los distraídos y de jugar al yo no fui. Acá hay que hacerse cargo. El gobierno de Tierra del Fuego es el principal responsable de que este radar esté donde está y es quien debe desmontarlo de una buena vez. No lo digo solo yo, lo avala el propio Agustín Rossi”.