Alarma por la inseguridad alimentaria infantil: Casi 4 de cada 10 chicos no acceden a una alimentación adecuada en Argentina.
Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA revela que más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes padecen inseguridad alimentaria. El fenómeno, vinculado a la pobreza estructural y al empleo precario, muestra una tendencia creciente desde 2010.
La inseguridad alimentaria infantil es un problema que atraviesa a millones de familias argentinas y que, lejos de ceder, se agrava año tras año. Según un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), casi 4 de cada 10 menores no acceden de forma regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos. Esta cifra equivale a unos 4,3 millones de chicos y chicas que viven a diario con el riesgo de pasar hambre o reducir sus porciones por falta de recursos.
El documento, titulado “Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual”, fue presentado en el marco del informe estadístico “Derechos de la Infancia en Argentina (2010-2024): Avances, desafíos y desigualdades”. Las investigadoras Ianina Tuñón y Valentina González Sisto fueron las autoras del estudio, y contaron con el acompañamiento de referentes en nutrición, pobreza e infancia como Sergio Britos, María Eugenia Herrera Vegas, Catalina Hornos y Alberto Cimadamore.
“Lejos de aplacarse, este problema viene empeorando desde hace varios años, con un panorama actual más dramático que hace 15 años y con un piso que no baja del 30% desde 2018”, advierten las autoras.
Una problemática estructural que no da tregua
El análisis del ODSA-UCA subraya que la inseguridad alimentaria infantil no es un fenómeno exclusivamente coyuntural, sino una consecuencia directa de factores estructurales como la pobreza, el empleo informal, la monoparentalidad y el bajo nivel educativo.
Entre 2023 y 2024, el 35,5% de los niños y adolescentes atravesó situaciones de inseguridad alimentaria, y el 16,5% en su forma más severa. Más preocupante aún: el seguimiento longitudinal realizado entre 2022 y 2024 revela que más de la mitad de los menores experimentaron al menos un episodio de inseguridad alimentaria, y solo el 44,5% se mantuvo siempre en situación de seguridad alimentaria.
“El fenómeno no es estático: el 14,8% de los chicos sufrió inseguridad alimentaria crónica y otro 9,2% vio agravada su situación”, detallan las autoras.
Radiografía de la vulnerabilidad
El informe identifica a los hogares monoparentales, numerosos y con empleo informal o precario como los más afectados. También se observan mayores niveles de inseguridad alimentaria en la región del AMBA, especialmente desde 2017.
Si bien algunos factores de riesgo varían con el tiempo, como la asistencia escolar o el tamaño del hogar, otros permanecen constantes: la pobreza estructural y la precariedad laboral. En este sentido, las investigadoras destacan que el empleo sigue siendo el determinante más decisivo para acceder a una alimentación adecuada.
El rol de las políticas sociales
Entre los hallazgos positivos del informe, se menciona el efecto protector de programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar (TA). Si bien los hogares que los perciben presentan condiciones más vulnerables, su impacto es claro: el informe indica que la AUH+TA reduce significativamente la inseguridad alimentaria (–0,81 puntos en la escala del índice).
“La AUH y la Tarjeta Alimentar tienen un efecto moderador, especialmente en contextos críticos, pero su alcance es limitado frente a desigualdades estructurales más profundas”, advierten las investigadoras.
Propuestas para una política pública integral
El ODSA-UCA concluye que la inseguridad alimentaria infantil requiere un abordaje multidimensional, con políticas públicas integrales y sostenidas, centradas en:
- La inclusión laboral de los adultos responsables del hogar.
- El fortalecimiento de transferencias de ingresos como AUH y TA.
- La articulación intersectorial del sistema de protección social.
- El rol activo de la escuela como espacio de contención.
- Un enfoque territorial y federal que priorice a los sectores más vulnerables.
- Y la transformación del sistema alimentario hacia modelos más justos, sostenibles y equitativos.
“Comprender estas dinámicas es clave para diseñar políticas públicas que no solo atiendan las urgencias, sino también enfrenten las causas profundas de la inseguridad alimentaria”, concluyen Tuñón y González Sisto.
