El Senado debate el “Súper RIGI”: el Gobierno busca atraer inversiones de al menos US$1.000 millones
El oficialismo comenzará este miércoles el tratamiento del proyecto que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. La iniciativa apunta a captar capitales en sectores estratégicos como inteligencia artificial, litio, energía, biotecnología y semiconductores, con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años.
Buenos Aires.- El Gobierno nacional busca dar un nuevo paso en su estrategia para atraer grandes inversiones y ampliar el desarrollo de sectores considerados estratégicos para la economía argentina. En ese marco, el Senado comenzará este miércoles a debatir el proyecto que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como “Súper RIGI”.
La iniciativa será analizada en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversiones y Legislación General, en el que comenzará una serie de reuniones destinadas a discutir los alcances de la propuesta y escuchar las explicaciones de funcionarios nacionales.
La primera jornada contará con representantes del Ministerio de Economía, quienes expondrán sobre los objetivos, características y beneficios que contempla el nuevo régimen. El oficialismo pretende avanzar con el dictamen en aproximadamente tres semanas y, de esa manera, intentar llevar el proyecto al recinto durante agosto.
Para alcanzar ese objetivo, La Libertad Avanza deberá reunir los respaldos necesarios entre los bloques aliados, principalmente el PRO, la UCR y distintos representantes de fuerzas provinciales, en una negociación que será determinante para definir el futuro de la iniciativa.
¿Qué propone el “Súper RIGI”?
El proyecto establece un régimen especial destinado a promover inversiones de gran escala en actividades industriales y tecnológicas que todavía tienen un desarrollo limitado en la Argentina o que se encuentran en las primeras etapas de expansión.
Entre los sectores incluidos aparecen algunos de los considerados estratégicos a nivel global: industrialización de minerales críticos, como litio y uranio; biotecnología; fabricación de baterías; hidrógeno verde; vehículos eléctricos; turbinas eólicas; paneles solares; reactores nucleares modulares; semiconductores e inteligencia artificial.
El objetivo declarado por el Gobierno es generar condiciones que permitan atraer capitales internacionales y nacionales hacia actividades de alto impacto tecnológico y productivo, con la expectativa de que esas inversiones contribuyan a ampliar la capacidad industrial y generar nuevas oportunidades económicas.
Uno de los principales requisitos para acceder al régimen será el volumen de inversión comprometido. Las empresas interesadas deberán destinar como mínimo US$1.000 millones, un monto significativamente superior al piso establecido actualmente por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Beneficios durante tres décadas
A cambio de las inversiones, el Estado ofrecerá un esquema de incentivos destinado a otorgar previsibilidad a los proyectos de largo plazo.
Entre los principales beneficios contemplados aparece una estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años, además de distintos incentivos tributarios y financieros.
El planteo oficial sostiene que este esquema busca reducir la incertidumbre y mejorar las condiciones para que grandes empresas decidan instalar proyectos productivos en el país, especialmente en sectores que requieren importantes desembolsos iniciales y períodos prolongados para recuperar las inversiones.
La magnitud de los beneficios y el plazo de estabilidad serán, precisamente, algunos de los puntos que concentrarán buena parte de la discusión parlamentaria.
El desafío de conseguir los votos
El inicio del debate en las comisiones representa el primer paso de un proceso legislativo que el oficialismo pretende acelerar. La intención es conseguir un dictamen en unas tres semanas y avanzar con la sanción de la norma durante agosto.
Para lograrlo, el Gobierno deberá negociar con los distintos bloques y construir una mayoría que permita aprobar el proyecto en el recinto.
El debate parlamentario no sólo permitirá definir si el “Súper RIGI” se convierte en ley, sino también determinar si durante el tratamiento legislativo se introducen modificaciones sobre los sectores alcanzados, los montos mínimos de inversión y el esquema de beneficios ofrecido por el Estado.
Mientras el oficialismo defiende la iniciativa como una herramienta para atraer inversiones de gran escala y desarrollar nuevas industrias, el tratamiento en el Senado abrirá también la discusión sobre el impacto que tendrán los incentivos y las condiciones especiales sobre las cuentas públicas, la producción nacional y el desarrollo económico del país.
El proyecto comienza así su recorrido legislativo con una meta ambiciosa: atraer inversiones por al menos US$1.000 millones hacia industrias consideradas estratégicas y convertirlas en un nuevo motor de crecimiento para la economía argentina.