Bullrich presentó un proyecto para que los abusos sexuales contra menores no prescriban cuando el acusado permanece prófugo

La senadora nacional Patricia Bullrich presentó un proyecto de ley para modificar el régimen de prescripción de los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes. La iniciativa busca evitar que el paso del tiempo impida investigar y juzgar a los responsables, especialmente en aquellos casos en los que los acusados permanecen prófugos o evaden el accionar de la Justicia.

La propuesta se suma al debate que ya comenzó en la Cámara de Diputados, donde se analizan distintas iniciativas para avanzar con la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. Actualmente existe una docena de proyectos con estado parlamentario, impulsados por cerca de treinta legisladores de diferentes espacios políticos.

La semana pasada, la diputada nacional Laura Rodríguez Machado encabezó una reunión de la Comisión de Legislación Penal en la que se puso a consideración el proyecto presentado por Virginia Gallardo. En ese ámbito se anticipó que el próximo encuentro contará con la participación de especialistas para profundizar el análisis de las modificaciones propuestas.

El proyecto de Bullrich, presentado en el Senado, no interfiere con ese tratamiento, aunque incorpora una perspectiva particular: impedir que quienes se sustraen de la investigación judicial puedan beneficiarse de la prescripción mientras permanecen fuera del alcance de la Justicia.

Cambios en los plazos de prescripción

Entre sus principales disposiciones, el texto propone modificar los plazos de prescripción de la acción penal. Establece veinte años para los delitos cuya pena sea de prisión perpetua; cinco años cuando se trate de hechos penados únicamente con inhabilitación perpetua; cuatro años para aquellos que contemplen multa o inhabilitación temporal, y seis años en el caso de personas jurídicas.

El objetivo central es garantizar la posibilidad de investigar y llevar a juicio delitos como abuso sexual, corrupción de menores, prostitución de personas, pornografía infantil, grooming y trata de personas con fines de explotación sexual, cuando las víctimas sean menores de edad.

Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa es la incorporación de la condición de prófugo y de la declaración de rebeldía como causales de suspensión de la prescripción. De esta manera, el tiempo transcurrido mientras una persona evade el proceso judicial no podría computarse a su favor.

En los fundamentos, Bullrich sostiene que establecer la fuga como causal de suspensión, en lugar de considerarla únicamente una causal de interrupción, tiene un impacto mayor sobre la vigencia de la acción penal. Según explica, el proceso permanecería habilitado durante todo el período en que el imputado se encuentre prófugo o sea requerida su extradición, hasta que pueda ser localizado y juzgado.

La iniciativa apunta así a cerrar una situación que, según sus fundamentos, permite que una persona acusada de delitos graves obtenga un beneficio judicial por el tiempo que logró mantenerse fuera del alcance de las autoridades.

El caso Segovia, el antecedente que impulsó el proyecto

Entre los argumentos que acompañan la propuesta aparece el caso de Yamila Segovia, ocurrido en 2009. Cuando tenía 11 años, la niña fue víctima de abuso sexual por parte de Alberto Martín Del Valle y quedó embarazada. El acusado se fugó y permaneció prófugo durante más de catorce años.

Del Valle fue detenido en agosto de 2026 en Florencio Varela. Sin embargo, luego de su captura, la Justicia declaró prescripta la acción penal al considerar el tiempo transcurrido, incluido el período durante el cual permaneció prófugo.

La resolución generó cuestionamientos y volvió a poner en discusión los límites del régimen de prescripción frente a delitos de violencia sexual contra menores. A partir de ese caso comenzaron a impulsarse distintas iniciativas legislativas identificadas como proyectos de “Ley Segovia”.

En ese contexto, la propuesta de Bullrich busca modificar las reglas para que la fuga no se convierta en una ventaja procesal para quienes deben responder ante la Justicia por delitos de esta gravedad.

El debate legislativo continúa abierto tanto en el Senado como en Diputados, donde las distintas iniciativas deberán atravesar el análisis parlamentario antes de una eventual modificación del Código Penal.