Buque británico en Ushuaia: exigen que Nación y Provincia expliquen su responsabilidad en la polémica operación

La polémica por el ingreso y la permanencia de un buque petrolero de bandera británica en el Puerto de Ushuaia sumó este miércoles una nueva definición política. El diputado nacional por Tierra del Fuego, Jorge Araujo, salió a aclarar los alcances del pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados de la Nación y rechazó que la iniciativa busque responsabilizar exclusivamente al Gobierno nacional.

Según explicó el legislador, el objetivo es conocer en detalle qué ocurrió, quiénes intervinieron y qué decisiones tomó cada una de las jurisdicciones involucradas en una operación que, por sus características, adquiere una especial sensibilidad en Tierra del Fuego.

El pedido de informes fue presentado para que el Gobierno nacional explique las decisiones adoptadas en relación con la embarcación, teniendo en cuenta que el Puerto de Ushuaia se encuentra bajo intervención y competencia nacional.

“Queremos saber qué organismos intervinieron, qué autorizaciones fueron otorgadas, quiénes participaron de esas decisiones y bajo qué criterios se permitió la operación de una embarcación de bandera británica en un puerto de enorme importancia estratégica para nuestro país”, sostuvo Araujo.

Sin embargo, el diputado fue contundente al señalar que exigir respuestas a Nación no significa eximir de responsabilidades al Gobierno de Tierra del Fuego.

Por el contrario, afirmó que frente a la información que trascendió y a las explicaciones brindadas desde el Gobierno nacional, resulta indispensable determinar también qué conocimiento y qué participación tuvo la administración provincial en las instancias previas vinculadas con la operación del buque dentro de la jurisdicción fueguina.

“Si existieron autorizaciones, gestiones o comunicaciones de organismos provinciales vinculadas con la operación hidrocarburífera, esas actuaciones también deben ser explicadas y documentadas. No estamos dispuestos a que ninguna jurisdicción eluda las responsabilidades que le correspondan”, advirtió.

Una cadena de responsabilidades

Araujo insistió en que la discusión no debe reducirse a una disputa política entre Nación y Provincia.

“Nuestra posición es clara: no se trata de elegir entre responsabilizar a Nación o responsabilizar a Provincia. Se trata de determinar qué hizo cada uno, qué competencias tenía, qué sabía y qué decisiones tomó”, expresó.

Para el legislador fueguino, la situación adquiere una gravedad particular por involucrar a una embarcación de bandera británica y desarrollarse en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, una provincia estrechamente vinculada con la cuestión Malvinas y con la defensa de los intereses soberanos argentinos en el Atlántico Sur.

Por ese motivo, consideró que las explicaciones deben ser “completas y transparentes”.

En ese sentido, señaló que si el Puerto de Ushuaia se encontraba bajo intervención nacional, el Gobierno nacional debe dar cuenta de las decisiones tomadas dentro de su ámbito de competencia. Pero, al mismo tiempo, sostuvo que si existieron actuaciones previas del Gobierno de Tierra del Fuego vinculadas con la operación del buque, la Provincia también deberá explicar qué autorizó, qué información tenía y cuándo tomó conocimiento de los hechos.

“Nuestro pedido de informes tiene precisamente ese objetivo: conocer la totalidad de los hechos y establecer la cadena de responsabilidades, sin encubrir ni eximir a nadie”, remarcó Araujo.

Finalmente, el diputado dejó una definición contundente sobre el trasfondo de la controversia: “En materia de soberanía nacional no puede haber dobles discursos, omisiones ni responsabilidades diluidas. Cada funcionario y cada jurisdicción debe hacerse cargo de las decisiones que tomó”.