Caso Leolabs: la Comisión Investigadora espera informes técnicos y busca determinar responsabilidades políticas
El legislador Pablo Villegas señaló que aguardan el resultado de la inspección realizada por la Dirección General de Política y Gestión Ambiental. Durante la recorrida por el predio, la comisión no pudo ingresar al sector donde se encuentra instalado el radar, aunque contó con el aporte técnico de un ingeniero de la UNTDF y la colaboración de personal de la Dirección Provincial de Energía.
La investigación legislativa sobre la instalación del radar de Leolabs en Tierra del Fuego continúa sumando elementos, aunque todavía quedan interrogantes centrales por despejar. La Comisión Investigadora Especial realizó una inspección ocular en el predio donde se encuentra emplazado el dispositivo y ahora aguarda los resultados del relevamiento efectuado por la Dirección General de Política y Gestión Ambiental del Poder Ejecutivo provincial.
El legislador del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Pablo Villegas, explicó que la recorrida permitió incorporar información técnica y recoger testimonios vinculados con las condiciones de funcionamiento de la instalación. En ese sentido, destacó la colaboración del personal de la Dirección Provincial de Energía (DPE) de Tolhuin, quienes les informaron que el radar no se encuentra alimentado con energía eléctrica.
La inspección también contó con el asesoramiento del ingeniero electrónico Carlos Pane, perteneciente a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), cuya intervención permitió fortalecer la evaluación técnica realizada durante la visita.
Sin embargo, uno de los principales obstáculos fue la imposibilidad de acceder al interior del predio cercado. Villegas reconoció que la comisión y los representantes del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas no pudieron ingresar al sector donde está emplazado el equipamiento. “Nos hubiera gustado ingresar para poder, a través de la intervención de este ingeniero, ver algunas otras cuestiones”, señaló.
El legislador también consideró que hubiera sido conveniente contar con especialistas de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), organismos que podrían haber aportado conocimientos específicos sobre las características y el funcionamiento de la instalación.
No obstante, aclaró que la tarea de la comisión tiene un objetivo institucional definido: reconstruir cómo se desarrollaron los hechos y establecer si existieron responsabilidades de funcionarios públicos de las distintas áreas que intervinieron en el proceso.
En ese marco, mencionó particularmente a los sectores vinculados con Energía, Ambiente y la Inspección General de Justicia, además de las dependencias que tuvieron participación en las autorizaciones y condiciones que permitieron la instalación del radar.
La ausencia de exfuncionarios y las responsabilidades bajo análisis
Villegas también expresó su preocupación por no haber podido contar con las declaraciones de exfuncionarios, cuya participación consideró importante para reconstruir el recorrido administrativo y político que derivó en la instalación del dispositivo en el corazón de la isla.
“Colaboración que nosotros esperábamos para poder dilucidar de mejor manera cómo llegamos a esta situación al tener semejante instrumento en el corazón de la isla, en la Tierra del Fuego”, manifestó.
En ese contexto, recordó los cuestionamientos formulados por el Ministerio de Defensa de la Nación, que había advertido sobre las posibles implicancias de la instalación para la seguridad nacional.
El legislador remarcó que dos aspectos resultan centrales para la investigación: por un lado, la prestación del servicio de energía eléctrica por parte de la Dirección Provincial de Energía y, por otro, la autorización ambiental otorgada desde el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia. Por ese motivo, consideró relevante la participación de los organismos técnicos en la inspección y el análisis de la documentación correspondiente.
De la recorrida participaron también las legisladoras Natalia Gracianía (La Libertad Avanza) y Gisela Dos Santos (Somos Tolhuin), junto con la secretaria legislativa, Nadia Luján, integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de Ushuaia y representantes de medios de comunicación de Tierra del Fuego.
La Comisión Investigadora deberá ahora avanzar con los informes técnicos y las actuaciones administrativas para determinar qué organismos intervinieron, qué autorizaciones fueron otorgadas y si existieron responsabilidades de funcionarios públicos en un caso que continúa generando preocupación por sus implicancias institucionales, ambientales y estratégicas para la provincia.