Comenzó el juicio por las viviendas de ATE: tres acusados enfrentan cargos por fraude y lavado de activos
El debate oral se inició en Ushuaia con la acusación contra Carlos Córdoba, Miguel Arana y Eric Moscoso Panozo por presuntas maniobras irregulares vinculadas a la adjudicación de viviendas sociales del complejo Barrancas del Río Pipo.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur dio inicio este lunes en Ushuaia al juicio oral y público contra tres hombres acusados de participar en presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con la adjudicación y comercialización irregular de viviendas sociales destinadas a afiliados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Los imputados Carlos Córdoba y Miguel Arana enfrentan acusaciones por 22 hechos vinculados al programa habitacional de 128 viviendas ubicado en el sector Barrancas del Río Pipo, una causa que investiga supuestas operaciones ilegales para beneficiar a personas que no reunían los requisitos establecidos para acceder a las soluciones habitacionales.
Durante la primera jornada del debate, el fiscal Daniel Curtale realizó una extensa exposición de la acusación y detalló los elementos que, según la investigación, sostienen las imputaciones contra los acusados.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los imputados habrían ofrecido lugares o facilidades para acceder a viviendas a empleados estatales y afiliados gremiales que presuntamente entregaban dinero, vehículos, cheques y otros bienes a cambio de ser incorporados en los listados de adjudicatarios.
La acusación sostiene además que las maniobras se habrían realizado utilizando funciones gremiales, gestiones ante el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) y presentaciones de listados de postulantes que presuntamente no integraban el universo legítimo de beneficiarios.
Acusaciones por lavado de activos
En el mismo proceso también es juzgado Eric Moscoso Panozo, acusado de presuntas maniobras de lavado de activos. Según la fiscalía, habría adquirido maquinaria vial utilizando fondos provenientes de las operaciones investigadas.
Durante las declaraciones indagatorias, Carlos Córdoba optó por no declarar ante el Tribunal. En cambio, Miguel Arana decidió responder preguntas y señaló a Córdoba como el supuesto destinatario de los fondos obtenidos mediante las operaciones investigadas.
Posteriormente declaró Moscoso Panozo, quien negó las acusaciones en su contra aunque resolvió no responder preguntas formuladas por los jueces.
El Tribunal está integrado por el juez Alejandro Pagano Zavalía como presidente, junto a los vocales Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla.
Tras la primera audiencia, los magistrados dispusieron un cuarto intermedio hasta este martes a las 9.30, momento en que comenzará la etapa de producción de prueba y declaración de testigos.
Para el desarrollo del juicio está prevista la participación de alrededor de 20 testigos, mientras que las defensas son ejercidas por el defensor público José María Fernández López, la abogada Marisel Banegas y el letrado Rodrigo Guidi.