El Comité contra la Tortura incorporó nuevas representantes y reforzó su agenda de control institucional
La Legislatura fueguina fue sede de una nueva sesión del organismo provincial, donde juraron integrantes del Poder Ejecutivo y se avanzó en medidas vinculadas al seguimiento de reclamos dentro del Servicio Penitenciario.
Ushuaia: El Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes realizó ayer martes una nueva sesión en el ámbito de la Legislatura de Tierra del Fuego, en la que se concretó la incorporación formal de nuevas representantes del Poder Ejecutivo provincial.
El encuentro fue presidido por la Dra. Manuela Palacios Murphy y tuvo como eje principal la toma de juramento de la abogada Tamara Albarracín como integrante titular del organismo y de María Baigorria Dalal como suplente, en el marco de lo establecido por la Ley provincial Nº 857 y la Ley nacional Nº 26.827, normativa que regula el funcionamiento de los mecanismos de prevención de la tortura en todo el país.
Durante la sesión, las y los integrantes del Comité también analizaron distintas actuaciones administrativas elaboradas por el área técnica del organismo y recibieron un informe sobre la participación institucional en la primera sesión ordinaria del año del Consejo Federal de Mecanismos Locales, espacio donde se articulan políticas y estrategias vinculadas a la prevención de violaciones a los derechos humanos en contextos de encierro.
El legislador Pablo Villegas (MPF) destacó la importancia de la incorporación de nuevas integrantes al organismo, al considerar que el acto “facilita el trabajo institucional” y fortalece el funcionamiento del Comité en el cumplimiento de sus funciones de monitoreo y control.
En declaraciones prensa legislativa, el parlamentario adelantó que uno de los puntos abordados en el orden del día estuvo relacionado con la necesidad de mejorar los mecanismos de seguimiento de reclamos dentro del sistema penitenciario provincial.
En ese sentido, explicó que desde el Comité elevarán un requerimiento al Servicio Penitenciario para que implemente un protocolo específico destinado a la registración y tramitación de los distintos reclamos presentados por personas privadas de libertad.
“El objetivo es que desde el Comité podamos fiscalizar la trazabilidad de esas notas y garantizar una pronta gestión administrativa”, señaló Villegas, remarcando la importancia de contar con herramientas institucionales que permitan supervisar el tratamiento de las demandas y asegurar el respeto de los derechos fundamentales.
Además de las nuevas representantes juramentadas, participaron de la reunión los comisionados legislativos Pablo Villegas (MPF) y Raúl Von der Thusen (SF), la Dra. Elba Patricia Oyarzo, integrante de la ONG Fundación Derechos en Red, y de manera remota el comisionado José Piñeiro.
