El costo ambiental de la salmonicultura: Chile enfrenta una mortandad masiva y Tierra del Fuego mira de cerca
Una floración de algas nocivas provocó una mortandad masiva en dos centros de cultivo de la Región de Magallanes. El episodio vuelve a poner bajo la lupa los riesgos ambientales de la salmonicultura y reabre el debate en Tierra del Fuego, donde la reforma de la Ley 1355 habilitó nuevas posibilidades para el desarrollo de la actividad, aunque mantiene la prohibición en el Canal Beagle.
La Patagonia chilena volvió a encender las alarmas ambientales por los efectos de la producción intensiva de salmones. Una floración de algas nocivas provocó la muerte de 917,79 toneladas de peces en dos centros de cultivo de Multiexport Patagonia, en la Región de Magallanes, en un episodio que expone la vulnerabilidad de esta industria frente a fenómenos naturales y plantea interrogantes sobre sus posibles consecuencias para los ecosistemas marinos.
La emergencia, que tuvo distintos balances de mortalidad a medida que avanzaban las tareas de control, vuelve a cobrar relevancia del lado argentino de la Patagonia. En Tierra del Fuego, la modificación del régimen legal que restringía la cría de salmónidos abrió un nuevo escenario para la actividad y profundizó la discusión sobre los controles ambientales, la protección de la biodiversidad y los riesgos de incorporar este modelo productivo a las aguas provinciales.
Según informó EcoNews en Español, las estimaciones iniciales de peces muertos fueron aumentando durante la contingencia: primero se reportaron 300 toneladas, luego 642,5 y posteriormente 959,24, hasta llegar al balance definitivo de 917,79 toneladas.
El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de Chile (Sernapesca) confirmó el cierre de la emergencia y señaló que la totalidad de los ejemplares muertos había sido retirada. El organismo también informó que fiscalizó el manejo y la disposición de la mortalidad y autorizó cosechas anticipadas para evitar mayores pérdidas.
Sin embargo, el volumen de peces afectados volvió a poner en evidencia la magnitud que pueden alcanzar este tipo de episodios en una actividad que concentra miles de ejemplares en espacios delimitados.
Una floración de algas que afectó la respiración de los peces
La contingencia estuvo vinculada con la presencia de la microalga Leptocylindrus minimus, detectada desde mediados de septiembre en cuatro centros de la empresa.
Este tipo de floraciones puede afectar a los salmones al adherirse a sus branquias y dificultar la respiración. A diferencia de los peces que viven en libertad, los ejemplares confinados en jaulas de cultivo no tienen la posibilidad de desplazarse para buscar zonas con mejores condiciones ambientales.
Desde Sernapesca explicaron que esa limitación aumenta la vulnerabilidad de los peces frente a determinadas alteraciones del entorno marino.
La directora regional del organismo en Magallanes, Ximena Gallardo, sostuvo que, en comparación con otras contingencias similares, se trató de una mortalidad baja. La afirmación generó una dimensión adicional para el análisis: incluso un episodio considerado de menor impacto dentro de los parámetros de la industria puede traducirse en cientos de toneladas de animales muertos.
El caso también vuelve a poner en discusión la capacidad de los sistemas de cultivo para responder ante fenómenos naturales que pueden desarrollarse con rapidez y afectar simultáneamente a varios centros productivos.
Organizaciones ambientales reclaman más información
La preocupación no se limita a las pérdidas económicas de las empresas. Según EcoNews en Español, organizaciones como Defendamos Patagonia, No Más Zonas de Sacrificio y Áreas Protegidas Sin Salmoneras reclamaron mayor transparencia sobre los mecanismos de prevención y respuesta frente a estas contingencias.
También expresaron inquietud por las posibles consecuencias de la floración sobre las especies nativas y el equilibrio de los ecosistemas marinos.
Si bien la mortandad de los salmones fue atribuida a una floración natural de algas nocivas, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de contar con información ambiental accesible, protocolos de emergencia y mecanismos de fiscalización que permitan conocer tanto las causas como el alcance de estos fenómenos.
La dimensión del impacto sobre otras especies y el ambiente requiere evaluaciones específicas: la cantidad de peces muertos, por sí sola, no permite determinar qué consecuencias tuvo el episodio sobre el conjunto del ecosistema.
Tierra del Fuego, ante el debate por la salmonicultura
Lo ocurrido en Magallanes adquiere especial relevancia en Tierra del Fuego, donde la discusión sobre la producción de salmónidos atraviesa una nueva etapa desde la reforma del marco normativo provincial.
En diciembre de 2025, la Legislatura sancionó la Ley 1601, que modificó la Ley 1355 y alteró el régimen que restringía el cultivo de salmónidos en aguas provinciales. La reforma fue presentada como una oportunidad para ampliar la matriz productiva, aunque mantuvo la prohibición de la actividad en el Canal Beagle.
El cambio legislativo no cerró la controversia. Por el contrario, sectores científicos, ambientales y sociales cuestionaron la modificación y advirtieron sobre los riesgos que podría implicar el desarrollo de la salmonicultura en otros sectores de la provincia.
En ese escenario, el episodio chileno vuelve a instalar preguntas sobre las condiciones en las que podría desarrollarse la actividad en el territorio fueguino: qué áreas serían habilitadas, qué exigencias ambientales deberían cumplir los emprendimientos, cómo se controlarían las condiciones sanitarias y qué mecanismos se activarían ante una emergencia.
También pone en discusión la capacidad de respuesta de los organismos de control frente a fenómenos que pueden afectar la producción en poco tiempo y cuyas consecuencias ambientales deben evaluarse más allá de las pérdidas registradas en las instalaciones.
Una advertencia que trasciende las fronteras
La mortandad registrada en la Región de Magallanes no demuestra, por sí misma, que un episodio idéntico vaya a ocurrir en aguas fueguinas. Sin embargo, constituye un antecedente regional que vuelve necesario examinar los riesgos de la actividad y las herramientas disponibles para prevenir, fiscalizar y responder ante posibles contingencias.
La pregunta de fondo es qué garantías ambientales puede ofrecer Tierra del Fuego antes de avanzar con nuevos emprendimientos de salmonicultura. La existencia de protocolos, controles independientes, monitoreo permanente y mecanismos transparentes de información será determinante para evaluar si la provincia cuenta con capacidad suficiente para afrontar una emergencia de estas características.
En una región donde la biodiversidad marina, la pesca y otras actividades dependen de la salud de los ecosistemas, el debate excede la posibilidad de generar nuevas inversiones. También involucra la responsabilidad de anticipar riesgos, proteger los recursos naturales y establecer qué nivel de impacto ambiental está dispuesta a asumir la sociedad fueguina.