El Gobierno propone cambios estructurales en la ley de salud mental
El proyecto ingresó al Senado y plantea un giro en el enfoque vigente: redefine internaciones involuntarias, fortalece el rol médico y reorganiza el abordaje de las adicciones.
En un movimiento que promete abrir un debate profundo en el Congreso, el Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto de ley que modifica aspectos centrales de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, junto con cambios en la Ley Nº 26.827 y en artículos clave del Código Civil y Comercial de la Nación. La iniciativa, acompañada por el Mensaje Nº 108/2026, propone una reconfiguración del sistema legal vigente en materia de salud mental, con foco en las internaciones involuntarias, el rol de los profesionales y el tratamiento de las adicciones.
Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma busca corregir “dificultades interpretativas” que, según argumentan, han derivado en situaciones de inacción estatal frente a casos de gravedad. En esa línea, el proyecto retoma criterios de los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales, con el objetivo de actualizar el marco normativo a nuevas demandas del sistema de salud.
Uno de los cambios más significativos aparece en la redefinición del objeto de la ley. La propuesta amplía el alcance más allá de la protección, incorporando explícitamente la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, la recuperación y la inclusión comunitaria. Se trata de una mirada integral que, sin embargo, introduce modificaciones sustanciales en la forma de intervenir.
Más peso médico y redefinición de equipos
El proyecto refuerza el rol de los profesionales de la salud, particularmente de la psiquiatría, en la toma de decisiones. En la modificación de varios artículos se establece que los equipos interdisciplinarios deberán incluir obligatoriamente al menos un médico psiquiatra, lo que implica un cambio en la dinámica actual de abordaje.
Este giro pone en el centro la mirada técnico-médica, en un contexto donde históricamente la ley vigente había priorizado un enfoque más amplio, con fuerte impronta interdisciplinaria y comunitaria.
Adicciones: integración al sistema de salud
La iniciativa también incorpora con mayor claridad el tratamiento de las adicciones dentro de las políticas de salud mental. Se establece que el consumo problemático de sustancias debe ser abordado de manera integral, contemplando la singularidad de cada persona y el momento del proceso. Además, se habilita a la autoridad de aplicación a definir dispositivos específicos, tanto ambulatorios como de internación.
Internaciones involuntarias: el punto más sensible
El eje más controvertido del proyecto se centra en el rediseño del régimen de internaciones involuntarias. Se propone reemplazar el actual criterio de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño para la persona o terceros”, una formulación que, según el Ejecutivo, busca mayor claridad y amplitud.
A su vez, se amplían los criterios de evaluación: ya no se considerará únicamente el estado del paciente al momento de la intervención, sino también antecedentes y posibles evoluciones del cuadro. La internación seguirá siendo un recurso excepcional, pero con condiciones más detalladas y flexibles.
El texto exige el dictamen de al menos dos profesionales —uno de ellos psiquiatra—, aunque contempla excepciones en situaciones de urgencia. En paralelo, se redefine el rol del Poder Judicial, que deberá intervenir en plazos acotados y podrá incluso ordenar internaciones si se cumplen los requisitos legales.
Cambios en el sistema y control institucional
Otro aspecto relevante es la incorporación formal de hospitales psiquiátricos y clínicas privadas como parte de la red de atención en salud mental, con la obligación de contar con dispositivos de inclusión comunitaria. Además, se establece que rechazar pacientes por motivos de salud mental será considerado discriminatorio.
La reforma también impacta en el control de instituciones. En el marco de la Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se dispone que las inspecciones en establecimientos con pacientes de salud mental deberán ser realizadas por equipos interdisciplinarios con presencia obligatoria de un psiquiatra.
Un debate que recién comienza
El proyecto abre un escenario de discusión que atraviesa no solo aspectos técnicos, sino también concepciones de fondo sobre la salud mental, los derechos individuales y el rol del Estado. Mientras el Gobierno plantea la necesidad de contar con herramientas más eficaces para intervenir en situaciones críticas, distintos sectores anticipan un debate intenso sobre los límites entre protección, autonomía y control.
Con su ingreso al Senado, la iniciativa comienza un recorrido legislativo que pondrá en juego no solo reformas normativas, sino también el modelo de atención en salud mental que la Argentina busca consolidar en los próximos años.
