Gobierno insiste con la reforma: Desde el ejecutivo provincial cuestionan la ley que frena la reforma constitucional y anticipa el veto

Río Grande: La disputa política e institucional en Tierra del Fuego se profundiza tras la sanción de una ley impulsada por la Legislatura que busca dejar sin efecto la norma que habilitó la reforma parcial de la Constitución provincial. Desde la administración del Gobernador Gustavo Melella, respondieron con firmeza y calificaron la medida como “inconstitucional”, al sostener que no tiene capacidad para interrumpir un proceso ya iniciado.

La postura oficial remarca que la convocatoria a la reforma constitucional no puede ser entendida como una ley común, sino como el inicio de un procedimiento superior, vinculado directamente a derechos y garantías constitucionales. En ese sentido, se subraya que el proceso electoral ya se encuentra en marcha, por lo que ninguna disposición posterior podría anularlo sin vulnerar el orden jurídico vigente.

Desde el Gobierno provincial también advirtieron que la decisión legislativa afecta derechos fundamentales de la ciudadanía, particularmente aquellos relacionados con la participación democrática. En esa línea, sostienen que la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes habilita el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido, por lo que su eventual interrupción implicaría una restricción indebida.

Ante este escenario, el Ejecutivo confirmó que avanzará con el veto de la norma sancionada por la Legislatura, al tiempo que evalúa distintas alternativas institucionales para sostener el proceso de reforma. A su vez, ratificó que tanto la convocatoria como el cronograma electoral continúan vigentes, con la mirada puesta en la elección de convencionales prevista para el próximo 9 de agosto.

Si bien desde el Gobierno evitaron profundizar sobre una eventual judicialización del conflicto, reconocen que el escenario podría derivar en una disputa en los tribunales si no se logra encauzar políticamente la controversia.

En paralelo, el Ejecutivo cuestionó los argumentos vinculados al costo económico del proceso, al considerar que se trata de una mirada reduccionista frente a la trascendencia institucional de la reforma. Según sostienen, la actualización de la Constitución no puede quedar supeditada a criterios presupuestarios, especialmente cuando están en juego definiciones estructurales para el futuro de la provincia.

Entre los principales ejes que impulsan la reforma, se destacan la eliminación de cargos vitalicios, la limitación de reelecciones indefinidas en el ámbito legislativo, la necesidad de establecer con claridad los límites provinciales y la adecuación del texto constitucional a las demandas actuales de la sociedad.

En este contexto, el Ejecutivo reafirma su decisión de avanzar con el proceso y sostiene que la reforma apunta a proyectar un nuevo marco institucional que contemple las necesidades de la provincia en las próximas décadas, en medio de un escenario político que anticipa nuevos capítulos de tensión.