Impulsan investigar presuntas irregularidades en el PAMI de Tierra del Fuego

Río Grande.- El funcionamiento del PAMI en Tierra del Fuego volvió a quedar bajo la lupa del Congreso de la Nación. El diputado nacional Jorge Neri Araujo Hernández presentó un proyecto de resolución para crear una Subcomisión Especial Investigadora que tenga como objetivo esclarecer las denuncias vinculadas con presuntas irregularidades en la autorización, auditoría, control y facturación de prestaciones médicas financiadas con fondos públicos destinados a jubilados y pensionados.

La iniciativa, registrada bajo el Expediente N.º 3463-D-2026, cuenta con el acompañamiento de los diputados Lorena Pokoik, Ana María Ianni, Martín Aveiro, Cristian Andino, Pablo Yedlin, Ariel Rauschenberger, Agustina Propato, Carlos Castagneto, Gabriela Pedrali, Juan Marino, Pablo Todero, Hilda Aguirre y Jorge Chica.

Según fundamenta el proyecto, la propuesta busca que la Cámara de Diputados ejerza sus facultades constitucionales de control frente a una serie de denuncias, actuaciones administrativas, pedidos de auditoría e investigaciones internas que se vienen acumulando desde 2025 sin que, hasta el momento, exista una respuesta institucional considerada suficiente.

Araujo sostuvo que la magnitud del caso obliga al Congreso a intervenir para determinar cómo fueron administrados los recursos públicos destinados a la atención sanitaria de los afiliados del PAMI. “Cuando durante más de un año y medio se acumulan denuncias, expedientes, pedidos de auditoría e investigaciones sin respuestas claras, el Congreso tiene la obligación institucional de intervenir. Y esa obligación es todavía mayor cuando los recursos comprometidos pertenecen a nuestros jubilados”, afirmó el Diputado Fueguino.

El diputado remarcó que el objetivo de la iniciativa no es reemplazar el trabajo de la Justicia ni formular acusaciones anticipadas, sino garantizar el control político que corresponde al Poder Legislativo sobre organismos que administran recursos públicos de alta sensibilidad social.

En ese sentido, consideró que uno de los aspectos más preocupantes no radica únicamente en las presuntas irregularidades denunciadas, sino en la falta de explicaciones oficiales sobre las medidas adoptadas para investigarlas. “Lo verdaderamente preocupante no son solamente las irregularidades que pudieran haberse cometido. Lo más grave es que, después de más de un año y medio de denuncias, documentación aportada, reuniones y auditorías, todavía no exista una explicación clara sobre cuál fue la respuesta institucional del organismo”, expresó.

Auditorías, expedientes y convocatorias

El proyecto prevé que la Subcomisión tenga amplias facultades para solicitar expedientes administrativos, auditorías, informes técnicos y documentación vinculada a las prestaciones médicas investigadas. También podrá convocar a funcionarios y exfuncionarios del PAMI, profesionales de la salud, auditores y denunciantes con el objetivo de reconstruir los hechos y evaluar si los mecanismos internos de control funcionaron de manera adecuada.

Entre los antecedentes mencionados figuran denuncias relacionadas con prestaciones cuya trazabilidad, documentación y efectiva realización deberían ser verificadas mediante auditorías técnicas e independientes, además de cuestionamientos sobre el funcionamiento de los sistemas internos de control del Instituto.

Para Araujo, el contexto económico actual hace aún más necesario extremar los controles sobre la utilización de los recursos públicos. “El Gobierno Nacional sostiene que cada peso del Estado debe administrarse con el máximo rigor. Precisamente por eso, no puede existir un solo peso cuya utilización quede envuelta en dudas cuando pertenece al sistema de salud de nuestros jubilados”, sostuvo.

El legislador también advirtió que una eventual utilización irregular de fondos del PAMI no representa únicamente un perjuicio económico para el Estado, sino que impacta directamente en la calidad de las prestaciones que reciben millones de adultos mayores. “Cada recurso del PAMI que no llegue a destino significa menos estudios, menos tratamientos, menos medicamentos y menos atención para quienes dependen exclusivamente de ese sistema de salud”, señaló.

Finalmente, Araujo insistió en que el Congreso debe asumir un rol activo frente a las denuncias para garantizar transparencia y brindar respuestas a la sociedad. “No estamos frente a una simple discusión administrativa. Estamos frente a denuncias que involucran recursos públicos destinados a la salud de uno de los sectores más vulnerables de la Argentina. La sociedad merece saber qué ocurrió, las instituciones tienen la obligación de explicarlo y el Congreso tiene la responsabilidad de garantizar que la verdad salga a la luz”, concluyó.